La Audiencia Provincial celebró ayer la primera jornada por el presunto asesinato a sueldo de Mariano Santiago, un vendedor ambulante de etnia gitana --del clan de Los Soteras-- que en el año 2008 recibió hasta cinco disparos mientras trabajaba en el mercado semanal de Vinaròs.

En el banquillo se sientan cinco miembros de otra familia (una madre y cuatro de sus hijos), quienes están acusados de planear el asesinato y contratar a un sicario para ejecutar a la víctima por venganza (años atrás ya se había producido una reyerta entre clanes que había acabado con un muerto y un herido grave).

Un sexto acusado no comparece debido a una demencia sobrevenida durante la instrucción, según apuntó una de las defensas.

El fiscal y la acusación particular señalan a los cinco procesados como los inductores del crimen y solicitan para cada uno 25 años de prisión. El autor material de los disparos, sin embargo, nunca ha podido ser identificado.

NIEGAN LOS HECHOS / Ninguno de ellos reconoció ayer los hechos de los que se les acusa. Sus abogados dijeron al jurado popular que debe analizar este asesinato que no hay pruebas sólidas contra los procesados y los presentaron como una familia «de ley».

El Ministerio Público, en cambio, sostuvo que el crimen fue una vendetta por la reyerta mortal del 2003 e incidió en que uno de los acusados fue detenido en el 2005, armado y con una supuesta lista negra en cuyo primer lugar figuraba Mariano Santiago.

El primero de los acusados en declarar dijo que el fallecido mató a su tío en el pasado, pero negó que él o sus allegados orquestaran su muerte. «Lo conocía de coincidir en los bares. Su familia mató a mi tío, pero yo no contraté a nadie para que lo asesinara. Cuando me enteré de lo sucedido, sentí indiferencia. Yo solo quería que se hiciera justicia», dijo a preguntas del fiscal, negando haber vertido amenazas sobre el otro clan rival. «Ellos son personas del narcotráfico, muy conflictivas, no tienen buen nombre y podían tener enemigos», incidió durante su interrogatorio.

La mayor de las procesadas, madre del resto, dijo no acordarse de nada durante su declaración. «Yo no sé ni quién es ese Mariano», contestó. Cuando la magistrada ordenó reproducir una de las conversaciones telefónicas pinchadas por la Guardia Civil, la acusada dijo que no reconocía su voz. Otros dos de sus hijos se acogieron a su derecho a no declarar y una última hija argumentó que cuando tuvo lugar la primera reyerta ella era «una niña de 16 años». El juicio continúa hoy con las declaraciones de guardias civiles y varios familiares de la víctima mortal.

La nota reprochable de la jornada la puso ayer uno de los miembros del jurado, quien se durmió en pleno juicio, acaparando las miradas y cuchicheos.