Un misterioso pufo sentó ayer en el banquillo a quien fuera coordinadora de las cajeras de la superficie comercial entre los años 2010 y 2013. Beatriz S.M. se enfrenta a tres años de prisión por un presunto delito de apropiación indebida. El fiscal pide que pague una multa de 3.720 euros y que devuelva el montante del que, supuestamente, se adueñó.

La procesada se sentó ayer en el banquillo de la Sección Primera y negó los hechos, achacando el agujero económico detectado a «fallos informáticos». «La cifra total no cuadraba, pero creo que se debía a problemas con la retirada de efectivo de unas tarjetas. Fui yo la que llamó a la central para avisar de que las cosas no cuadraban. No cogí nada nunca», declaró la mujer, quien reconoció que tenía acceso al búnker donde se ubicaban las cajas fuertes, pero incidió en que varias personas más podían entrar. Su defensa hizo hincapié en que la acusada tiene una casa en proceso de ejecución hipotecaria.

UNA VERSIÓN UNÁNIME

Tanto varias de sus subordinadas, como el gerente del híper y una auditora señalaron a la acusada como posible responsable, dando una versión unánime entre ellos. «Cuando entró una nueva coordinadora de cajas me alertó de los descuadres. Solo sé que yo tenía confianza plena en la procesada y que ella tenía la labor de contar el dinero y plasmarlo en los documentos. Nunca me había informado de que faltaba efectivo», dijo el máximo responsable.

La licenciada en Económicas encargada de auditar la situación habló durante su declaración de cuentas «falseadas» y negó que existieran fallos con el sistema electrónico. Asimismo, hasta tres cajeras que trabajaban a las órdenes de Beatriz S.M. aseguraron al tribunal que ellas se percataron de los pufos y que pusieron en alerta a la procesada, como coordinadora que era.

«Siempre decía que era por un problema informático y que no nos preocupáramos, que ella lo arreglaría», coincidieron las testigos. «Cada dos por tres faltaba dinero. Cuando volví de mi baja de maternidad había un agujero de 6.000 euros», dijo una de ellas. Otra, por su parte, incidió en que «una noche llegaron a faltar 60.000 euros», a preguntas del Ministerio Fiscal, quien elevó a definitivas sus conclusiones, manteniendo la solicitud de pena de tres años. El caso quedó ayer visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Castellón.