Un vecino de Nules, que responde a las iniciales V.R.V. se sentará en el banquillo de los acusados por perpetrar abusos sexuales a dos niñas, en situación de acogimiento, que sufren una discapacitad intelectual. Una de ellas, incluso, en el momento de sucederse los hechos, tenía una edad mental de seis años.
Los hechos se remontan al año 2013 cuando el procesado convivía con una de las niñas, en situación de acogimiento familiar permanente, y a otra la tenía en casa durante los fines de semana. El individuo, además, tenía atemorizadas a su madre y a sus hermanas, ya que, al parecer, actuaba como cabeza de familia y solía mostrarse violento y desairado.
El fiscal, en su escrito de conclusiones provisionales, asegura que V.R.V., valiéndose maliciosamente del déficit mental de la primera víctima --con un retraso psíquico tan severo que le fue implantado un dispositivo anticonceptivo subcutáneo--, y aprovechando su situación de superioridad, convenció a la menor para que durmiera habitualmente con él en la misma habitación, contexto de intimidad que utilizó para perpetrar los abusos sexuales, prácticamente, a diario.
La joven, dada su condición, no podía efectuar una adecuada valoración de la trascendencia de sus actos en el ámbito de la sexualidad y accedía a sus deseos sin ser capaz de razonar su voluntad al efecto ni de oponerse a los requerimientos para mantener dichas relaciones sexuales.
ACTITUD VIOLENTA EN CASA
Asimismo, durante el 2013 también, con ocasión de las visitas que la otra víctima hacía al domicilio familiar durante los fines de semana, de acuerdo con el régimen de internado del centro de acogimiento al que asistía de lunes a viernes, en más de una ocasión, sin que se haya podido precisar el número, el procesado le pidió que le acompañara a la habitación, donde la desnudaba y abusaba sexualmente de ella. La joven no se oponía, ya que también padece una deficiencia psíquica importante que le impedía la comprensión e internalización de conceptos abstractos. Además, tenía miedo del acusado, que se mostraba en actitud violenta.
Las niñas, como consecuencia de estos hechos, sufrieron ansiedad, apatía, tristeza e interferencias en su desarrollo psicosocial.
El fiscal, además, reclama 12.000 euros para una y 6.000 más para la otra por los daños.
