Un vecino de Altura, que responde a las iniciales J.V.R.M., se enfrenta a una pena de cárcel de 15 años por un delito de agresión sexual a una chica cometido en septiembre del 2015, en un parque de la localidad. El juicio está previsto que se celebre hoy miércoles, día 20, a las 10.00 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón.

Los hechos se remontan al día 7 de septiembre del 2015, sobre las 23.45 horas de la noche, cuando el acusado J.V. R.M., mayor de edad y sin antecedentes penales, habiéndose citado previamente con su víctima, aprovechando la escasa iluminación que había en el lugar, con ánimo libidinoso y amedrentando la voluntad de la mujer, le tapó la boca para evitar que pidiera ayuda, tirándola al suelo, bajándole los pantalones y la ropa interior, tras lo que consumó la agresión sexual.

Como consecuencia del ataque, subraya la Fiscalía, la víctima sufrió lesiones consistentes en excoriaciones en codo, antebrazos, región submamaria, ombligo, ingle y nalga, que precisaron de una primera asistencia facultativa y ambulatoria, y sufriendo, además, una amnesia psicógena desarrollada como consecuencia del trauma vivido, y así lo diagnosticaron los exámenes forenses realizados a la joven después de sucederse la agresión sexual.

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES

El acusado se encuentra en prisión provisional por esta causa desde el 16 de junio del 2016, cuando fue detenido por la Guardia Civil, según el escrito de acusación radactado por la Fiscalía.

Los hechos relatados, mantiene el Ministerio Público, son constitutivos de un delito de agresión sexual, y de los mencionados hechos es responsable en concepto de autor el acusado. Además, sostiene el fiscal, concurre la circunstancia agravante de ejecutar el hecho aprovechando las circunstancias de lugar y tiempo, ya que fue de noche y cuando la víctima no podía pedir auxilio.

Asimismo, indica el texto, en el caso en el que se dictara sentencia condenatoria se reclama que durante un periodo de 10 años se ìmponga al procesado, una vez cumplida la condena, la medida de libertad vigilada consistente en la obligación de participar en programas de educación sexual, de acuerdo al Código Penal. El fiscal también pide 10.000 euros de indemnización a la víctima.