Un empresario de Castellón, que responde a las iniciales F.M.C., se enfrentará a finales de mes a siete años de cárcel por la presunta estafa inmobiliaria de casi 180.000 euros que llevó a cabo en Almassora durante los años 2007 y 2008. El juicio por estos hechos se celebrará en la Audiencia Provincial los días 29 y 30 de mayo y en él se analizarán las prácticas que F.M.C. llevó a cabo en relación a la construcción y venta de un bloque de 79 viviendas y cuatro alturas en Almassora.
El fiscal del caso sostiene que el procesado se apoderó, con ánimo de enriquecerse, del dinero que nueve víctimas le entregaron en el marco de un contrato de compraventa de los inmuebles.
El Ministerio Público asegura que el vendedor recogió fondos de los perjudicados en concepto de reserva y no los ingresó en su totalidad en la cuenta destinada a tal fin, hablándoles de un aval bancario que, en realidad, no existía. A través de una serie de cláusulas y presuntos engaños, consiguió, según la Fiscalía, «la entrega de diversas cantidades por los compradores y que estos no pudieran recuperar el dinero abonado una vez paralizada la obra cuando solo se había construido el 36% del edificio».
Según detalla el amplio escrito de acusación provisional, muchas de las víctimas entregaron un dinero en concepto de reserva y toda una serie de pagarés en distintos momentos. Algunos de ellos no acabaron de ser abonados por los perjudicados al constatar las víctimas que la obra se había paralizado y que el aval del que el acusado les había hablado era, en realidad, inexistente.
Los hechos constituyen para el Ministerio Público un presunto delito de estafa --o alternativamente un supuesto delito de apropiación indebida--.
Solicita para F.M.C. siete años de cárcel, además de una multa de 11.200 euros y la devolución a los perjudicados de los casi 180.000 euros de los que presuntamente se adueñó. En la vista tendrá la oportunidad de declarar a preguntas del Ministerio Fiscal, los abogados y el tribunal, al igual que lo harán aquellas personas que se sintieron estafadas y decidieron denunciar.
ÚLTIMA CONDENA SIMILAR
A principios de año Mediterráneo avanzó en exclusiva la condena de cinco años y medio que la Audiencia Provincial impuso a un vecino de Burriana en un caso similar --aunque más grave-- de estafa inmobiliaria. Los magistrados sentenciaron a finales de enero a Manuel Segarra, de 42 años, por vender chalets fantasma a casi una treintena de personas, a las que estafó cerca de 900.000 euros.
Los jueces le impusieron una multa de 2.790 euros y lo condenaron a que devolviera a los perjudicados el dinero que se apropió entre el 2005 y el 2006 a cuenta de unos terrenos del PAI Novenes de Calatrava. Entonces, el falso constructor negó todos los hechos, mientras sus víctimas lo señalaron en la vista como la persona que les hizo perder sus ahorros e hipotecarse.
