Itziar Prats, cuyas hijas de 6 y 2 años fueron asesinadas por su expareja en Castelló el año pasado, ha iniciado los trámites para reclamarle al Estado la responsabilidad patrimonial por la muerte de las pequeñas Nerea y Martina. Prats ha presentado sendas reclamaciones administrativas ante los ministerios de Interior y de Justicia para exigir la responsabilidad patrimonial del Estado, paso previo necesario antes de hacerlo por vía judicial.

El 25 de septiembre de 2018, la expareja de Prats asesinaba a sus hijas y después se suicidaba. Meses antes, la mujer lo había denunciado tras recibir amenazas, pero la Justicia no consideró el riesgo y descartó otorgarles medidas de protección. Ahora, Prats ha comenzado los trámites para exigir responsabilidad patrimonial al Estado por lo ocurrido, según ha confirmado a EFE su abogado, Gabriel Rubio. El letrado ha contado que en la valoración del riesgo de la mujer no se tuvieron en cuenta las pruebas de amenazas de la expareja de Prats, en las que decía que todos iban a terminar muertos y él en la cárcel y que le iba a quitar lo que más quería.

La Administración dispone ahora de seis meses para responder a estas reclamaciones y, una vez cumplido ese tiempo, Prats podrá acudir a los tribunales para exigir en ellos esta responsabilidad patrimonial. "La razón es protestar firmemente por la dejadez que ha tenido la Administración durante todo este tiempo y en el alma de Itziar lo único que ya puede hacer, porque no puede pedir que le devuelvan a sus hijas vivas, es que esto sirva para evitar otro caso", ha aseverado el abogado.

CONDENA DE NACIONES UNIDAS

"Llegaremos hasta donde haga falta, si tenemos que ir a las Naciones Unidas otra vez, iremos", ha advertido Rubio, en referencia al caso de Ángela González Carreño, cuya hija también fue asesinada por su padre en 2003 durante el régimen de visitas. El Tribunal Supremo condenó al Estado español a indemnizarla con 600.000 euros el año pasado, después de que la ONU condenara también a España por no haber protegido ni a Ángela ni a la pequeña, ya que la madre había denunciado en varias ocasiones el riesgo de la menor. Desde 2013, 30 menores han sido asesinados por sus padres o por las parejas o exparejas de sus madres, el máximo exponente de la violencia vicaria ejercida contra las mujeres.