Pese a que Castelló se encontraba ayer a las puertas del segundo fin de semana de Magdalena, tanto la ciudadanía como la clase política reaccionaron con contundencia frente a los nuevos casos de agresiones sexuales a dos menores, una de las cuales habría sufrido, presuntamente, dos ataques en pocos días. Decenas de personas se concentraron en la plaza Mayor, donde se leyó un manifiesto de rechazo a estos hechos y donde la alcaldesa, Amparo Marco, pidió al Gobierno central endurecer las penas para los agresores sexuales, al tiempo que evidenció que «la fiesta no puede enmascarar» abusos como los denunciados por las dos féminas.

Marco vinculó la existencia de violaciones grupales como la sufrida por una niña de 14 años con la sentencia de La Manada, que provocó un amplio rechazo social porque los agresores fueron condenados por abusos y no por violación, con la consecuente pena menor. La primera edil hizo un llamamiento «al poder judicial, a los jueces y juezas que dictan sus sentencias» para que «tengan en cuenta» que sus veredictos tienen «consecuencias más allá de la aplicación rigurosa y estricta de la ley». En este sentido, pidió al poder legislativo y al Gobierno de España «que caiga todo el peso de la ley contra los autores» de estas agresiones. «No solo ese peso, sino más», ahondó Marco, que pidió al Ejecutivo «endurecer las penas» para evitar este tipo de ataques y reivindicó que las mujeres no deben «vivir con miedo».

La alcaldesa aseguró que desde el Ayuntamiento están haciendo todo lo que pueden para evitar este tipo de casos y citó la campaña No es no y el hecho de que esta semana los servicios de transporte municipales realicen paradas a demanda cerca de los domicilios de las féminas que lo han pedido, pero reconoció que no ha sido «suficiente».

MANIFIESTO CONJUNTO // Junto a la munícipe y la ciudadanía, en la concentración y en la posterior lectura del manifiesto participaron la reina de las fiestas, Natalia Palacio; Na Violant d’Hongria, Andrea Sánchez; el conseller de Educación, Vicent Marzà; la concejala de Igualdad, Verònica Ruiz; el concejal de Fiestas, Omar Braina; el vicealcalde de la capital de la Plana, Ignasi Garcia y el concejal del PP Vicent Sales.

Las reacciones tras confirmarse que había ocho arrestados --aunque uno de ellos, mayor de edad, no llegó a pasar a disposición judicial--, se sucedieron. También la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, se refirió a los casos recientemente conocidos --también el de Pego-- y afirmó que el aumento de las denuncias «no supone necesariamente» que se haya producido un aumento de las agresiones, sino que «hay más confianza en el sistema público».

LA EDUCACIÓN, CLAVE // La dirigente autonómica explicó que durante el año pasado «asistimos a varias campañas en las que las mujeres se han atrevido a hacer públicas agresiones sexuales que no denunciaron en su día». «El componente educativo tiene mucho peso, y también el hecho de evitar la revictimización, en el sentido de que no se juzgue a las víctimas, sino a los agresores», agregó. Oltra atribuyó el incremento de las denuncias a la existencia del Pacto valenciano contra la violencia de género y advirtió de que el problema que supone actualmente «la falta de educación sexual», lo que provoca «que los jóvenes se eduquen a través de la pornografía y lo que circula por las redes sociales».

También los partidos rechazaron las violaciones. La candidata del PSPV al Congreso, Susana Ros, las condenó y afirmó que «cuando una mujer no dice sí, todo el mundo debe tener claro que es no». Asimismo, manifestó que es necesario legislar para garantizar la libertad de decisión y la integridad de las mujeres.