La Audiencia Provincial de Castellón acogió ayer el juicio a un presunto pederasta. El procesado, que responde a las iniciales E.C.C., admitió la descarga y la difusión de imágenes pedófilas, pero negó abusos y aseguró que las relaciones que mantuvo con las menores fueron consentidas. La Fiscalía subrayó en su alegato final la vulnerabilidad de las víctimas, un aspecto confirmado por los peritos. En total, solicita para el acusado una pena de 28 años y tres meses de cárcel.

El caso arrancó en el 2012, cuando el acusado, que tenía 19 años, fue a vivir a casa de su abuela. Allí convivía con los hijos de esta. Una de ellos, M.L.R., que tenía nueve años en aquel momento, explicó en su declaración que el acusado aprovechaba cuando jugaba al ordenador, en el piso superior de la casa, para realizarle tocamientos en la pierna y los genitales, por encima de la ropa. El acusado niega los tocamientos, pero admite el envío de imágenes de contenido pedófilo, así como coleccionar ropa interior femenina, una circunstancia que fue descubierta por la abuela. El procesado se marchó en el 2015 de la casa la abuela, que conoció a posteriori los abusos a su hija. Como el resto de las víctimas, la niña sufrió secuelas psicológicas.

E.C.C. se fue entonces a vivir con un amigo. Allí siguió descargando material pedófilo, que después fue intervenido en diferentes discos duros, tarjetas de memoria y un teléfono móvil. La segunda víctima estaba diagnósticada de trastorno adaptativo y tenía 13 años en el momento de los hechos, cuando el acusado ya tenía 24. Contactó con ella por Whatsapp, le envió y pidió fotos en ropa interior y desnudos y concertó una cita donde, según las declaraciones, mantuvieron «relaciones no completas».

AMISTADES // En el 2017 el acusado conoció a L.S.B., de 15 años, al empezar a compartir círculo de amistades. Mantuvieron una relación de «amistad con derecho a roce», reconocida en las declaraciones. La joven, que estaba en tratamiento, ha sido diagnosticada con un trastorno de personalidad límite. La Fiscalía solicita 28,3 años de cárcel por abuso sexual, posesión y distribución de pornografía infantil, y captación de menores. La defensa, que trató de argumentar la ausencia de prevalimiento, la absolución en los hechos no reconocidos.