Un hombre de origen ecuatoriano y de 40 años, que responde a las iniciales V.J.M.C., se enfrenta a nueve de prisión por una presunta agresión sexual en Peñíscola. La Audiencia Provincial lo sentará en el banquillo los días 9 y 10 de abril para juzgar unos hechos que tuvieron lugar durante el verano del 2016, mientras la menor --de origen francés-- estaba de vacaciones con sus abuelos.
Además de la pena de cárcel, el Ministerio Público pide para la afectada una indemnización de 100.000 euros --con la comunidad de propietarios y la empresa para la que trabajaba como responsables civiles subsidiarios--.
Según el relato de la Fiscalía, los hechos tuvieron lugar el 13 de julio del 2016 en la urbanización Voramar. La niña estaba bañándose en la piscina, cuando el trabajador le dijo si había visto su teléfono móvil y le sugirió que saliera del agua para verlo. Para ello, le solicitó que lo acompañara a la caseta de material, donde le dijo que se tumbara en la camilla y que se colocara boca abajo para ponerle crema.
La menor así lo hizo, cerrando el acusado la puerta con llave y comenzando a tocar a la víctima. En un momento determinado, despojó a la afectada del bikini. La niña comenzó a temblar de temor, según el escrito de la acusación del Ministerio Público. El procesado aprovechó, presuntamente, para tocarle sus partes íntimas, llegando a desabrocharse el pantalón. En ese momento, la menor se levantó y trató de salir de la caseta, en busca de ayuda.
El hombre trató, supuestamente, de violarla, pero la pequeña consiguió salir del habitáculo por una segunda puerta que no estaba cerrada. Desde el interior de la caseta, el acusado hizo gestos a la niña para que no contara nada de lo ocurrido. Por fortuna, la víctima no le hizo caso y acudió rápidamente a sus familiares, que avisaron a la Guardia Civil.
La zona se llenó de efectivos de la Benemérita, que procedieron a la detención del presunto pederasta, quien ingresó en prisión provisional tras su arresto.
Los hechos conmocionaron la urbanización y en los días posteriores al ataque sexual todos los vecinos de la zona estaban al tanto de lo ocurrido. El acusado llevaba un tiempo encargado del mantenimiento de la piscina.
Además de los nueve años de cárcel, el fiscal aboga por imponer al ciudadano ecuatoriano una medida de libertad vigilada por tiempo de siete años más y nueve de prohibición de aproximación o comunicación con la víctima por cualquier medio.
