La Audiencia Provincial de Castellón ha impuesto una orden de alejamiento de seis meses a un padre que amenazó con «pegar una paliza» y «rajar» a su hijo. El ahora condenado no podrá aproximarse a menos de 200 metros de la víctima, su casa o su lugar de trabajo. El magistrado del Juzgado de Instrucción número 4 de Vila-real ya lo condenó a pagar una multa de 140 euros (a razón de cinco euros diarios durante un mes) y las costas del juicio por un delito de amenazas, pero la víctima recurrió la sentencia ante el máximo órgano judicial al temer por su integridad física y solicitó en un su recurso una orden de alejamiento de su progenitor.

Según ha considerado probado el juez, en diversas ocasiones, tales como el 25 y el 31 de enero de 2016, el procesado, que sufre drogodependencia, telefoneó a su hijo para pedirle dinero. Empleando la violencia verbal, al negarse el perjudicado a darle 50 euros, su padre le dijo «te voy a pegar una paliza y te voy a rajar».

El joven, tras lo sucedido, denunció los hechos y se enfrentó a su padre en un juicio en Vila-real. Tras la celebración del mismo, la víctima aseguró que su padre le había proferido insultos y amenazas de muerte. Asimismo, el afectado relató que le rayaron el coche a su novia, quien sufre depresión como consecuencia de las amenazas de su suegro, lo que le ha impedido trabajar, careciendo, así, de recursos.

La víctima recurrió la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Vila-real, alegando que «por miedo» había llegado a cambiar de domicilio y asegurando que no facilitaba a nadie su nueva dirección porque tiene «pánico a lo que me pueda hacer mi padre».

EL FISCAL, CONFORME / El Ministerio Fiscal se mostró conforme con la solicitud de la víctima y la Audiencia Provincial, tras revisar el caso, ha mantenido la multa impuesta al procesado y las costas, añadiendo además la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros de su hijo, su domicilio y lugar de trabajo por tiempo de seis meses, así como la prohibición de comunicarse con el mismo durante dicho periodo.

Asimismo, el máximo órgano provincial ha ordenado que se proceda a la investigación de los hechos ocurridos tras la celebración del juicio «por si pudieran constituir delito de obstrucción a la justicia, o cualquier otro».