Era de madrugada. Su vida cambió en unos segundos. Desde aquel 26 de junio del 2016, A. G. M. necesita una silla de ruedas para ir por la calle y un caminador para moverse por su vivienda. Son dos de las limitaciones que sufre desde que minutos antes de las 5.30 horas de aquel día tres individuos le propinaran una brutal paliza en el interior de un metro de Barcelona. La fiscalía no solo solicita 12 años de cárcel para los tres presuntos agresores y el pago de una indemnización de más de un millón de euros, sino que recrimina a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), que figura como responsable civil subsidiaria, la falta de vigilantes de seguridad.
Los tres acusados de lesiones graves, que están en libertad aunque permanecieron casi dos años en prisión, accedieron al suburbano junto con otros jóvenes. A pesar de ser la madrugada de un sábado y estar en una zona de afluencia de centros de ocio nocturno, las instalaciones «carecían de controlador o vigilantes de seguridad» en la puerta de acceso y en el apeadero, sostiene el escrito fiscal, que concreta que eran 18 los vigilantes que aquella noche prestaban servicio en la línea en la que se produjo la agresión, cubriendo la seguridad y el control de siete trenes y 21 estaciones.
