Diez años y medio después, el próximo día 12 de diciembre la Sección Primera de la Audiencia Provincial tiene previsto juzgar a dos hombres, J.L.B. y S.M.B., como cooperadores necesarios del asesinato de un ciudadano colombiano en marzo del año 2007 en Vinaròs, al que presuntamente raptaron en Madrid y entregaron en la población castellonense a terceras personas sin identificar que le golpearon, mataron a tiros y después mutilaron su cuerpo en un intento de quemarlo, tras arrojar el cadáver al llamado pozo verde, según señala el escrito de conclusiones del caso de la Fiscalía, que pide 24 años de cárcel para cada uno de ellos.
SEGUNDO INTENTO
La vista oral se producirá después de un primer intento fallido en el 2015, del que informó entonces Mediterráneo, cuando tuvo que ser suspendido el juicio sine die, a petición de la Fiscalía, por no haber podido localizarse a varios testigos imprescindibles para el caso. Entre ellos, la mujer que denunció la desaparición de la víctima mortal y que se encontraba en Londres y sin recursos para viajar a España para asistir a la vista. Además, uno de los acusados se hallaba en paradero desconocido tras huir.
El escrito del fiscal entiende como probado que los procesados intimidaron a la víctima, D.A.D.M., tras haber recibido el encargo de trasladarla a Vinaròs desde Madrid, y le forzaron a entrar en un vehículo «en contra de su voluntad, llevándole el 16 de marzo del 2007 a la habitación de un hotel de Vinaròs» que reservaron para cuatro noches.
PLAN PREVIO
El texto añade que «en ejecución de un plan preconcebido y teniendo en todo caso pleno conocimiento de las intenciones de los mismos --terceros sin identificar-- de acabar con su vida, pusieron a disposición de estos a D.A.D.M. el 19 de marzo».
Según el escrito de conclusiones, la Fiscalía considera probado que mataron al ciudadano colombiano en «un lugar indeterminado», «propinándole diversos golpes, y disparándole tres tiros, uno en el estómago, y dos en la cabeza, y deshaciéndose de su cuerpo arrojándolo a un pozo y quemando allí su cadáver».
El cuerpo no fue hallado hasta el 28 de julio del año siguiente, en el 2008, y faltaba «parte de sus restos», ya que estaba parcialmente consumido por el fuego.
Dados estos hechos, se consideran constitutivos de un delito de detención ilegal, por el que piden 4 años de cárcel para cada detenido; y otro de asesinato, como cooperadores necesarios, para el que se solicita penas de 20 años de prisión. Además, deberán satisfacer a los herederos de la víctima 80.000 euros, más los intereses legales por su deceso.
