Un hostelero chino de Castelló se enfrentará a cinco años y dos meses de prisión por un delito de contaminación acústica en el juicio que acogerá contra él la Audiencia Provincial el 26 de noviembre. La Fiscalía acusa al responsable de un bar de la calle Río Tiétar, llamado Los Monteros II, de tener una terraza ilegal, un volumen que excedía los límites y también de haber incumplido sistemáticamente los mandatos del Ayuntamiento y la Policía Local.
Según el escrito de acusación provisional, el procesado provocó un aluvión de quejas vecinales durante cinco años, entre el 2011 y el 2016, debido a los ruidos. A causa a estos hechos, mantiene el Ministerio Público, un matrimonio y sus hijos, que residían junto al establecimiento, sufrieron trastornos adaptativos crónicos por ansiedad. Por ello, solicita una indemnización de 12.000 euros para cada uno de ellos por los daños morales ocasionados.
INHABILITACIÓN Y MULTA / Asimismo, el fiscal del caso aboga por una multa de 27.900 euros, además de los cinco años y medio de cárcel, y la inhabilitación para realizar cualquier actividad profesional relacionado con la restauración durante cuatro años.
La acusación mantiene que el bar en cuestión abrió en el 2009 con licencia de bar, restaurante y panadería y que dos años después cambió su titularidad, pasando a manos del ahora procesado. La Policía Local de Castelló realizó varias intervenciones por reiteradas llamadas de los vecinos y en el consistorio tuvieron entrada abundantes reclamaciones denunciando, entre otras cosas, molestias por ruido en una terraza anexa al local.
Además, se interpuso una denuncia por utilizar medios sonoros sin autorización y por la ocupación de la vía pública sin contar con el pertinente permiso.
En el año 2014, agentes de la Guardia Civil realizaron varias mediciones acústicas en la vivienda de una de las familias afectadas. Las mismas superaron ampliamente los niveles máximos tolerables, concretamente, en 33 decibelios. Los agentes municipales, ante esas mediciones, iniciaron un expediente administrativo sancionador y ordenaron el cese inmediato de las molestias.
Como pese a la prohibición la terraza seguía en funcionamiento, los policías locales procedieron entonces a precintarla.
Lejos de hacer caso a las indicaciones policiales, se saltó el precinto y volvió a colocar el mobiliario de la terraza. Fueron numerosas, según la Fiscalía, las advertencias y las notificaciones que se le realizaron, avisándole de que, a la vista de todos los incumplimientos, podía incurrir en un delito de desobediencia grave a la autoridad judicial.
