La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón juzgará el próximo día 28 de septiembre a un castellonense al que el Ministerio Fiscal solicita ocho años de prisión como presunto autor de un delito de corrupción de menores en su modalidad de distribución de pornografía infantil.

Según se desprende del escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso el periódico Mediterráneo, el acusado fue identificado por descargarse desde su domicilio situado en Castellón, a través de aplicaciones y con ánimo libidinoso, archivos de vídeo que mostraban a menores realizando actos de carácter sexual sobre sí mismos o con terceras personas. Y, presuntamente, como usuario de diversas direcciones IP entre diciembre de 2015 y agosto de 2016.

El varón habría almacenado más de 15.000 archivos de vídeo e imagen que representaban mayoritariamente a niñas impúberes exhibiéndose desnudas mostrando sus genitales, masturbándose y manteniendo relaciones entre sí, con mayores de edad e incluso con animales. Dichos archivos se encontraron, presuntamente, en el domicilio del acusado, que responde a las iniciales A.J.C.L., al practicarle el 25 de abril del 2017 una entrada y registro domiciliario. En él se descubrió que el acusado, supuestamente, almacenaba desde abril del 2017 en un ordenador y varios discos duros, dichos archivos digitales, con nombres alusivos a la pornografía infantil. Archivos que habrían sido obtenidos por el acusado con propósito libidinoso a través del programa de intercambio de ficheros que tenía instalado en su ordenador.

Además, según relata el ministerio público, las referidas conductas fueron realizadas por el acusado siendo conocedor de que, al descargarlos, facilitaba su difusión, pues los ponía a disposición de quien quisiera obtener unas copias de los mismos.

3.600 compatartidos // Aproximadamente 3.600 fueron compartidos tras la entrada en vigor de la reforma del Código Penal. Algunos de estos vídeos mostraban a menores en situaciones vejatorias y sometidas a actos de violencia sexual. Varias de las víctimas que aparecían en los mismos eran de muy corta edad, incluso bebés. El material se almacenaba en una quincena de discos duros y un ordenador portátil, que fueron intervenidos por la policía.

La Fiscalía solicita para el varón además, la inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión relacionada con menores durante 12 años, así como ocho años de libertad vigilada e inhabilitación especial para el ejercicio de derecho de sufragio pasivo. También demanda al juzgador que acuerde la destrucción de los archivos que contengan pornografía infantil y el decomiso del ordenador y discos duros que fueron intervenidos durante la entrada y registro.