La Fiscalía Provincial de Castellón y la acusación particular solicitan cuatro años de cárcel por el atropello mortal en Benicarló a una menor en 2017. Acusan al conductor que la arrolló de presuntos delitos de homicidio por imprudencia, en concurso con lesiones imprudentes y contra la seguridad vial, según ha podido saber Mediterráneo. El juicio, que se celebrará presumiblemente en el Palau de Justícia de Vinaròs, todavía no tiene fecha señalada, pero las acusaciones ya han presentado sus escritos provisionales.
La joven, de 17 años, murió hace ahora dos años, horas después de haber sido atropellada por un coche mientras esperaba en una parada de autobús de Benicarló, junto a la nacional. Una amiga que la acompañaba también resultó herida de gravedad. El conductor que las arrolló dio negativo en el test de alcoholemia y los agentes intervinientes de la Policía Local de Benicarló no le hicieron el test de drogas. El implicado se marchó a casa y, cuando la menor perdió la vida horas después en el hospital, las autoridades fueron a buscarlo a su vivienda. Dio positivo en cocaína, pero alegó que la había tomado después del accidente mortal.
Las acusaciones, sin embargo, mantienen en sus escritos que el procesado iba bajo los efectos de la cocaína. Además, destacan que tras el fatal arrollamiento, el varón intentó irse caminando por la nacional y que fueron los testigos quienes, presuntamente, tuvieron que retenerlo en el lugar.
Los padres de la fallecida criticaron desde el principio la actuación de los agentes municipales, a quienes acusaron de «incumplir los deberes y obligaciones legales inherentes a la función policial» y de «complicar la tarea de acreditar que el conductor circulara bajo los efectos de las drogas». La familia interpuso una denuncia contra el Ayuntamiento de Benicarló y pidió que los cuatro efectivos fueran sancionados.
El Síndic de Greuges de la Comunitat intercedió por los padres de la joven ante la falta de respuesta del consistorio y recomendó al Ayuntamiento que informara a los denunciantes «de forma inmediata», según reza el documento al que ha tenido acceso este periódico transcurridos más de tres meses desde que interpusieron su escrito de queja.
Finalmente, la alcaldesa, Xaro Miralles, respondió a los progenitores de la fallecida, diciéndoles que la denuncia se había archivado «a la vista del resultado de las diligencias de información reservada del intendente jefe».
