El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la pena de 61 años y medio de prisión para José Antonio Martín Moya, el policía local de Burriana que abusó sexualmente de nueve menores de edad, aprovechándose de su condición de agente. El alto tribunal ha desestimado todos los motivos del recurso presentado por la defensa y ha ratificado la pena de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Castellón el pasado mes de marzo, tras el juicio.
Según la sentencia del Supremo, a la que ha tenido acceso este diario, «el relato de hechos de la anterior sentencia está impecablemente construido desde el punto de vista procesal».
Aunque el recurso de casación hacía referencia a que varias de las víctimas (todos ellos varones y de entre 14 y 16 años) eran «clientes» del procesado, pues, presuntamente, habían ejercido la prostitución previamente; el TS ha avalado lo dictaminado por la Audiencia, que no niega el consentimiento de los menores, pero aduce que fue viciado como consecuencia de la superioridad de José Antonio Martín Moya en su condición de policía.
RAZONES / El tribunal de Madrid estima que las relaciones sexuales con los adolescentes tienen que considerarse «ordinariamente punibles», con independencia de que estos hubieran ejercido la prostitución. Y es que, a una edad tan temprana, el ofrecimiento de dinero por parte de un adulto «puede considerarse suficientemente influyente para determinar al menor a realizar el acto de la prostitución».
Además de confirmar el pago de 104.000 euros en indemnizaciones a los afectados y otros 48.600 en multas, el Supremo ha impuesto al José Antonio Martín Moya las costas del proceso.
El policía local aprovechaba su condición para contactar con adolescentes en situación económica precaria y con un historial delictivo. A estos les prometía mediar en los asuntos policiales o judiciales que tenían pendientes y les entregaba dinero, concretamente, cantidades que oscilaban entre los 20 y 50 euros.
El policía les amenazaba con entorpecer sus causas judiciales, para convencerlos de mantener relaciones sexuales con él. Los chicos, tal y como detalla la sentencia, no oponían resistencia física, ante el temor a represalias.
El relato de los menores, que declararon como testigos protegidos, fue «creíble y coherente», a ojos de los magistrados. Explicaron cómo el policía los amenazaba y les decía que si no tenían relaciones con él, acabarían en un centro y luego en la cárcel.
VOZ DE ALARMA / Fueron los trabajadores de un centro de menores quienes sospecharon de las visitas del policía a los adolescentes y dieron la voz de alarma.
La sentencia considera que la difícil situación económica de las familias de los afectados, incluso la vida en la calle de algunos, «tenía que ser un obstáculo a la satisfacción de los deseos de consumo de cualquier adolescente». Por ello y por el miedo que tenían a la influencia del procesado, accedían a sus deseos sexuales.
