El Juzgado de lo Penal número 2 de Castelló ha impuesto una pena de seis meses de cárcel y una multa de mil euros a seis vecinos de Vila-real por un delito de alzamiento de bienes tras haber puesto a nombre de tres empresas varias fincas que les pertenecían con el objetivo de hacer imposible el embargo de sus bienes por el impago de una deuda.
El juez declara probado que algunos de los condenados suscribieron en el 2012 un documento de reconocimiento de deuda de 110.512 euros. Al no satisfacerse la misma, el denunciante envió un burofax a los acusados en el 2013. Un año después, ante la falta de respuesta, presentó una demanda y, mediante decreto del juzgado, se declaraban embargados varios bienes de tres de los condenados.
Sin embargo, todo ello no pudo llevarse a cabo puesto que los distintos procesados, «en plena connivencia y tratando de eludir la responsabilidad patrimonial, habían transmitido diversas fincas a empresas --con otros acusados como administradores--».
Las penas de prisión --acordadas entre la fiscal y las defensas-- han quedado suspendidas por tiempo de dos años, a condición de que los condenados no vuelvan a delinquir en ese tiempo, como especifica el documento al que ha tenido acceso este diario.
