El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha suspendido de forma indefinida la actividad en los juzgados de la Ciudad de la Justicia de València debido al incendio que se declaró el domingo en la segunda planta de este edificio de cinco alturas.
Según informa el TSJCV, el alto tribunal valenciano acordó, además, la inhabilidad de los plazos procesales desde la medianoche del domingo hasta que se normalice la situación y establece que la actividad judicial en este enclave se reanudará «progresivamente en función de lo que aconsejen los distintos informes técnicos».
Esta decisión, que firma la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva, se tomó a raíz de un informe de la actuación de los bomberos del Ayuntamiento de València y tras una reunión con la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ante «la imposibilidad de acceso al edificio». Además de la suspensión de plazos procesales, se informa de que quedan canceladas las vistas y demás actos a celebrar en el edificio, a excepción de las del juzgado de Guardia y de Violencia sobre la Mujer, hasta que se normalice la situación y a la espera de los informes técnicos de los organismos pertinentes.
NOTIFICACIÓN
De esta decisión se dará cuenta al Consejo General del Poder Judicial, al servicio de prevención de riesgos laborales del Ministerio de Justicia, a los decanos de los colegios de abogados, procuradores y graduados sociales, Abogacía del Estado y de la Generalitat, y Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, entre otros colectivos.
El fuego, que fue advertido el domingo alrededor del mediodía, ha inutilizado los juzgados 1, 2, 3 y 4 de Primera Instancia, si bien el humo se extendió por todo el edificio y provocó el desalojo de los juzgados de guardia.
El material calcinado, según explicó ayer la Conselleria de Justicia, contenía plásticos que podrían haber emitido productos tóxicos, de modo que los técnicos habían aconsejado el cierre durante 24 horas para limpiar y ventilar correctamente.
La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, anunció la puesta en marcha de una investigación interna y reservada sobre el trabajo de la empresa contratada por la Generalitat para prestar el servicio de mantenimiento.
