El presidente de la Diputación, Javier Moliner, se sumó ayer a los alcaldes castellonenses en su reclamación de las infraestructuras pendientes para la provincia y abogó porque de la «unión de todos» salga un «grito unánime» para exigir ante Madrid y València proyectos como «la estación intermodal, la llegada del AVE y el Corredor, el acceso sur al Puerto de Castellón, las obras de mejora de la N-232, los Cercanías, o las mejoras hídricas para garantizar el suministro de agua en toda la provincia durante todo el año», que, dijo «no pueden esperar».
La intervención de Moliner se produjo en la III Cumbre de Alcaldes y primera de la legislatura, que se celebró por la tarde en la Diputación con la participación de más de un centenar de primeros ediles, de los que 18 le plantearon reivindicaciones que el presidente provincial se comprometió, casi sin excepción, a atender, bien estudiando cambios o avances en las cuestiones de su competencia, o bien ejerciendo de mediador, o de correa de transmisión de las peticiones ante otras administraciones.
Color político
En un clima teñido de la cordialidad que en los últimos meses caracteriza las relaciones entre los distintos grupos políticos en la Diputación de Castellón --en una línea de acuerdos apenas rota por cuestiones puntuales--, Javier Moliner atendió las intervenciones de solo cinco alcaldes del PP, la formación que preside en la provincia; así como de diez socialistas, quienes acudieron con el guión preparado; así como de los alcaldes de Argelita, Aitor Balafagón, de Esquerra Unida; de Nules, David García, de CCD; y de Vinaròs, Enric Pla, de TSV. No hubo ninguna intervención desde Compromís, formación que señaló que desconocía la mecánica del acto hasta su celebración.
No estuvieron en la cita ni la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco --acudieron Ali Brancal y Toni Lorenzo--; ni el primer edil de Vila-real, José Benlloch. Este último viajó ayer a Roma con el equipo del Villarreal CF.
Otras reivindicaciones
Si los presidentes de las corporaciones municipales reivindicaron, además de las infraestructuras pendientes mencionadas, otros asuntos como que las unidades de respiro familiar lleguen a más municipios; más dinero para el plan 135 y cambios en el sistema actual; la derogación de la ley de administración local, o más claridad sobre los convenios singulares, entre muchos otros temas, Javier Moliner centró uno de los ejes de su discurso en el grave problema de la despoblación en el interior.
El presidente provincial anunció en este sentido la celebración de una cumbre en contra de la pérdida de población «con el objetivo de mejorar la calidad de vida y las oportunidades en los municipios del interior».
Municipalismo
En el discurso con el que abrió la cumbre en la que los alcaldes le pusieron de algún modo los deberes para el resto de la legislatura, Moliner defendió a los ayuntamientos por ser la administración más «transparente, próxima, cercana al territorio y a la gente», así como la necesidad de «descentralizar las competencias y una mejor financiación para los ayuntamientos». Centró su «apuesta» por el municipalismo, en lo que denominó como «fruto del diálogo y consenso político», en referencia al Plan Castellón 135 (antes POYS), del que dijo que «supone la mayor inyección de dinero para los 135 ayuntamientos, con un incremento presupuestario récord de cinco millones de euros respecto a los POYS del 2016 y una inversión total de 12.340.000 euros para obras, infraestructuras y servicios en toda la provincia».
El presidente provincial describió cuatro ejes que definen la filosofía de inversión de los 131 millones de euros del Presupuesto 2017, como los de liderar el desarrollo económico; igualar las oportunidades; defender la marca y la cultura de Castellón; y mejorar la eficiencia, la eficacia y la transparencia de la Diputación.
Por último, desgranó como principales retos de futuro el empleo, la despoblación y las infraestructuras, con especial atención a las necesidades del mundo rural y, en este contexto, de los municipios de menor tamaño para los que aseguró que es necesaria una discriminación positiva, que permita un mayor grado de igualdad de condiciones.
