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La Audiencia Nacional cita otra vez a Trapero, Sànchez y Cuixart

Los Mossos acusan a la Policía Nacional y la Guardia Civil de ir por su cuenta en 1-O. La jueza atribuye un papel «esencial» a los presidentes de ANC y Ómnium

 

Á. VÁZQUEZ / J.G. ALBALAT
12/10/2017

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela está teniendo muy en cuenta el último informe de la Guardia Civil sobre los hechos ocurridos en Cataluña entre el 20 y 21 de septiembre y el 1-O. Tanto que ya el lunes volverá a interrogar como imputados por un delito de sedición al major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, la intendente Carmen Laplana y los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y de Ómnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart respectivamente, a los que atribuye un papel «esencial» para «dirigir las sinergias independentistas» hacia una república catalana.

La magistrada también ha citado como testigos a dos guardias civiles y a la letrada de la Administración de Justicia (secretaria judicial) que componían la comisión judicial que asistió a los registros ordenados por el juez de instrucción 13 de Barcelona y que fue acosada por las movilizaciones que se produjeron, sobre todo delante de la Consejería de Economía de la Generalitat. Ella abandonó el edificio por la azotea y hubo agentes que estuvieron dentro hasta 18 horas.

COMITÉ TÁCTICO / En el auto, la jueza rechaza remitir a Barcelona la causa por sedición porque de la nueva información se infiere que lo acaecido en Cataluña no es un hecho aislado, como quieren hacer parecer las defensas de los investigados, «sino que se enmarca dentro de una estrategia compleja con la que desde hace tiempo vienen colaborando Cuixart y Sànchez, en ejecución de la hoja de ruta diseñada» para obtener la independencia y donde ambos forman parte de «un comité estratégico con unas funciones concretas a ejecutar». En ese comité, según el documento intervenido al número dos del vicepresidente Oriol Junqueras, Josep Maria Jové, también estarían el primero y el presidente catalán, Carles Puigdemont.

La resolución señala que dentro de esa estrategia, la actividad de Sànchez y Cuixart, tras la aprobación de las leyes de desconexión y la convocatoria del referéndum, «resultaba esencial» para dirigir «las sinergias independentistas» en una misma dirección que «culminase con la movilización de la totalidad de la sociedad catalana que comulgaba con la tesis soberanista». Agrega que esta movilización debía ser de tal «envergadura que pudiese arrastrar a la masa de indecisos hacia sus intereses». Esta función estaría dirigida, entre otros, por las entidades soberanistas ANC y Ómnium».

Los Mossos, por otra parte, remitieron ayer al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) un informe en el que acusan a la Policía Nacional y la Guardia Civil de actuar por su cuenta el 1-O sin que se hubiera requerido su presencia, como habían quedado en las reuniones de coordinación.