Desde ayer es oficial que el próximo 26 de junio volverán a haber elecciones generales en España. Han pasado más de seis meses desde que se disolvieron las Cortes Generales (lo hicieron el 27 de octubre). Y tardarán alrededor de otros tres en quedar constituidas de nuevo --“el Congreso quedará conformado hacia el 20 de julio”, estima el subdelegado del Gobierno en Castellón, David Barelles--. A esto habrá que sumar después la formación de Gobierno, que ha acabado ahora sin ningún resultado y que, en caso de que todo fuera bien y se eligiese al presidente de forma rápida podría derivar en la formalización de un Ejecutivo hacia finales de agosto o principios de septiembre. Y eso si no hay retrasos en la hipotética negociación. Con todo ello, Castellón habrá perdido casi un año para avanzar en determinados proyectos clave para la provincia, que se encuentran paralizados en su mayoría.

Esta es una de las consecuencias de una legislatura fallida, en la que la provincia ha visto cómo en medio año no se ha avanzado nada en casi todos sus proyectos (solo el corredor mediterráneo está en marcha en el tramo Valencia-Castellón y por momentos pareció que no era así, con los trabajos a un ritmo muy lento y ya con dos retrasos en la previsión del final de las obras).

críticas // Es por ello que desde la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC), su presidente, José Roca, señala que el proceso que se ha seguido desde el 20 de diciembre “ha sido una pérdida de tiempo” y recuerda el “maltrato” al que se viene sometiendo a Castellón desde el Gobierno central “desde hace muchos años”.

Lo dice por asuntos en los cuales “aún estando muchas fuerzas unidas no se nos ha hecho caso”. Así ha sucedido con el corredor mediterráneo, que acumula retrasos e incluso en el tramo a Tarragona --que debería haber entrado en servicio en el 2015-- aún no han comenzado las obras.

Pero también en muchas otras infraestructuras, que están totalmente paralizadas y quedan como deberes de futuro para el Gobierno que resulte de las urnas el próximo verano.

Así ha sucedido, por ejemplo, con la construcción del nuevo trazado de la N-232 para superar el puerto de Querol. Aunque la ministra de Fomento, Ana Pastor, anunció a mediados de octubre en Peñíscola que se licitaría en noviembre, medio año después no se ha dado este paso.

Tampoco ha avanzado el nuevo acceso sur en tren al puerto de Castellón, en el cual ni siquiera se ha decidido si será la ingeniería de Fomento, Ineco, la que redacte el proyecto constructivo, o este saldrá a licitación, casi un año después de la aprobación del proyecto. Son temas en los que “vamos a tener que ser reiterativos en nuestras reivindicaciones”, señala Roca y en los que el Gobierno no se ha implicado.

agua y liquidez // Como tampoco lo ha hecho con las desaladoras, que están listas y a la espera de producir agua y en las que incluso ya se trabaja en su mantenimiento (con el consiguiente gasto) sin ni siquiera haber acordado con los municipios la revisión de los cánones de amortización. Ni en la mejora del sistema de financiación autonómica, un asunto clave para el tejido empresarial castellonense y autonómico y sin el cual el Gobierno regional tiene cada vez más difícil cuadrar su presupuesto, lastrado por el déficit en las aportaciones desde el Estado, que no llegan ni para cubrir la sanidad y la educación.

Y ello por no hablar de otras obras incluidas en los Presupuestos Generales del Estado --que tanta prisa se dio en aprobar el anterior Ejecutivo-- y en las que no se ha avanzado un ápice en su tramitación. Las cuentas estatales, rácanas para la provincia (la tónica habitual en los últimos años a excepción del montante para el Corredor), tan solo incluían algunas partidas para conservación de carreteras, el archivo histórico provincial, y obras de regadío y en el centro penitenciario de Castellón. Pues en ninguna de ellas se ha avanzado nada. Ni siquiera en la mejora del firme de la A-7 a la altura de la Vall d’Uixó, que el Ministerio de Fomento licitó en octubre y que todavía no ha sido capaz de adjudicar. H