Castellón siente que es la provincia que se ha visto más afectada por la desastrosa campaña citrícola que está en su recta final. Tanto es así que las organizaciones agrarias arraigadas en Castellón estiman que este año se ha dejado de recolectar (por los temporales de lluvia de noviembre y diciembre, que estropearon gran parte de la fruta) entre un 40 y un 60% de la clemenules provincial, que supone más de la mitad de la producción total de cítricos de las comarcas castellonenses, según el aforo de la Conselleria.

Por sí solo, haber dejado en el árbol tal cantidad de fruta (alrededor de 220.000 toneladas), puede haber generado unas pérdidas a los productores citrícolas castellonenses de hasta 60 millones de euros, estiman los dirigentes de Fepac-Asaja y la Unió.

Este cálculo va en la línea de lo que ya habían venido avisando los dirigentes agrarios; y también está en consonancia con las pérdidas que el presidente de la Federació de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana, Cirilo Arnandis, y de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, estimaron ayer para todo el territorio autonómico. Ambos cifraron las pérdidas en la Comunitat en 131 millones de euros, que hubieran alcanzado los 265 con precios de años normales para los cítricos, en lugar de las bajas cotizaciones de esta campaña.

Las estimaciones se lanzaron en la rueda de prensa que ayer en València debería haber servido para presentar la campaña que la Plataforma per la Dignitat del Llaurador ha emprendido para avanzar en este cometido. En cambio, únicamente se hizo el balance de la campaña y se habló de posibles soluciones.

medidas // Aguado y Arnandis, junto con Néstor Pascual y Ramón Mampel, de Fepac-Asaja y la Unió, pidieron ayer más implicación a las administraciones competentes, desde la Unión Europea a la Generalitat valenciana, pasando por el Gobierno central, para mejorar la situación de un sector que arrastra una crisis endémica que se ha vuelto insostenible en esta campaña.

Una de las medidas de las que más se habló fue de la posibilidad de un seguro de rentas que garantice los ingresos de los agricultores. Aunque el Gobierno siempre ha negado esta posibilidad, Mampel señala que es una vía que se tiene que trabajar «a largo plazo». Y en este sentido desde la mesa incluso se habló de que en la próxima Política Agraria Común (a aplicar en el año 2021) debería recoger un seguro de mercado.

Asimismo, Mampel censuró que el Gobierno haya puesto un límite de 211 millones para subvencionar el resto de seguros agrarios (por debajo de los 252 que finalmente destinó el año pasado) y Pascual criticó que Madrid «esté retirando las ayudas».

Otra medida en la que incidieron los responsables agrícolas es la orden ministerial de reducción de los módulos del IRPF con la que se debe aminorar el impacto de la crítica campaña citrícola que acaba. Sobre esto, los representantes del sector señalaron que estarán vigilantes para que la orden cubra el perjuicio sufrido y no tener que esperar a correcciones, como sucedió el año pasado, cuando por otra parte no llegaron a cubrir todo el daño.

vigilancia fitosanitaria // Otro de los puntos a mejorar debe ser la inspección de plagas en frontera, si es posible incluyendo «listas positivas». Esto va en la línea de lo que la Plataforma per la Dignitat del Llaurador ya incluye en su recogida de firmas, que además asume la necesidad de dar marcha atrás en el acuerdo con Sudáfrica y mejorar las subvenciones para los seguros agrarios.

No en vano, que la UE se haya abierto al envío de fruta de Sudáfrica «psicológicamente ha influido mucho» a la hora de que los agricultores locales vendan la fruta, señala Mampel. El presidente de la Unió también apunta a la gran distribución como causante de muchos de los males de los productores citrícolas y señala que seguirán «vigilantes y denunciando malas actitudes».