El plan de regularización catastral, que impulsa el Ministerio de Hacienda, para localizar construcciones no declaradas en los últimos años ya ha detectado casi 17.000 edificaciones irregulares en la provincia de Castellón. Al cierre del 2015, según indicaron fuentes del Ministerio, “se han completado al cien por cien la supervisión en 44 localidades de Castellón y se han regularizado 16.958 inmuebles que no lo estaban, con el consiguiente cambio de valor al alza que implica”, argumentan.
Desde la Dirección General del Catastro coincidieron en que esta cifra supone una minoría, “el 3,9% del total --de 434.000--”. Por ello, resaltaron que en Castellón “el 96% de casos inspeccionados lo tiene todo correcto, y lo declarado por los vecinos coincide con lo construido”. Sobre las localidades pendientes de revisión, la Administración central apunta que “se van incorporando a demanda de las poblaciones”. En total, 84 (de los 135) habrían pasado o estarían apuntados al examen. Aunque el plan está previsto para 2013-2016, el 22 de febrero el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el aviso para incorporar nuevos municipios de Castellón, “a culminar antes del 30 de julio del 2017”. En cuanto a las infracciones detectadas, en Castellón han supuesto de media para cada titular de un inmueble no declarado en fincas urbanas o rústicas “un total de 235 euros más de pago del impuesto de bienes inmuebles (IBI) al año”, por efecto de elevarse el valor registral de este.
Además, también ha conllevado el pago de 684 euros: 60 euros de la tasa única para regularizar (que costea el trabajo de campo del Catastro de cotejar datos, visitas in situ...); más el abono en atrasos de impuestos, “de media, 624 euros por castellonense sancionado, para ponerse al día”.
INVERNADEROS // Por otro lado, como ya se hizo eco Mediterráneo, la campaña de regularización catastral ha motivado protestas de agricultores, canalizadas en la Unió, ante errores en notificaciones de alza de impuestos al considerarse invernaderos como construcción industrial. H
