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El CGPJ denuncia que la Generalitat quiere interferir en la labor judicial

Critican que «se arrogue la función supervisora» que les corresponde. Jueces y fiscales rechazan que una comisión investigue las cargas del 1-O

 

Un agente de la Policía Nacional arrastra a un hombre el pasado 1 de octubre en Barcelona. - FERRÁN NADEU

EL PERIÓDICO
14/10/2017

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, solicitó ayer al abogado general del Estado, Eugenio López Álvarez, que «curse las instrucciones precisas para proceder a ejercitar las acciones legales procedentes» contra el acuerdo de la Generalitat por el que se crea la comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales, que pretende investigar las cargas policiales del 1-O, entre otros supuestos abusos. Lesmes pidió al Estado que actúe «con el fin de restablecer el ordenamiento constitucional y legal que mediante el citado acuerdo [del Gobierno catalán] se ha visto conculcado», según informó el CGPJ en un comunicado.

El máximo representante del Poder Judicial actúa así después de que todas las asociaciones de jueces y fiscales se hayan unido, de forma excepcional, para expresar su «rotundo rechazo» a la creación de este órgano y recordar que los «derechos fundamentales y libertades públicas están plenamente reconocidos por la Constitución y la ley» y garantizados precisamente por la actuación del Poder Judicial, «en cuya función constitucional esa comisión –a su juicio– pretende nítidamente interferir».

En esta situación, el CGPJ informó de que Lesmes, quien también propondrá la adopción de medidas en el órgano de gobierno de los jueces para defender su independencia, había remitido una carta al director de los servicios jurídicos del Estado al considerar que el decreto de creación de dicha comisión supone «una flagrante, insólita e injustificable violación de uno de los principios estructurales de cualquier sistema constitucional mínimamente avanzado como lo es el respeto a la independencia judicial».

«Lo que no es de recibo es que el poder ejecutivo se arrogue una suerte de función supervisora de la actividad que puedan desarrollar los tribunales en el ejercicio de las competencias que conforme a la Constitución les atribuyan las leyes», añade en su escrito, además de afirmar que «la Generalitat no puede desarrollar funciones de vigilancia y control de las actuaciones judiciales».

«CONTROL POLÍTICO» / El presidente del Supremo y del CGPJ recuerda que la Generalitat sí puede recurrir las decisiones de los tribunales «pero no someter a una suerte de control político bajo además explícitas amenazas de emprender acciones genéricas e innominadas de responsabilidad contra los jueces y tribunales por la actuación que puedan desarrollar».

«Una vez más, se patentiza en la iniciativa normativa del Govern de la Generalitat el desprecio más evidente por los fundamentos del orden constitucional nacional y europeo», concluye Lesmes.

La firma de un texto conjunto y solemne por parte de las siete organizaciones de jueces y fiscales, de todo tipo de ideologías, carece de precedentes comparables en los últimos años, y los firmantes son: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJD), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

En un comunicado conjunto señalan que «nadie debe quebrar la necesaria separación de poderes públicos, ni menoscabar la independencia judicial, ni devaluar la apariencia de imparcialidad porque son garantías para todos los ciudadanos». «Jueces y fiscales intervenimos como garantes de la convivencia, para hacer posible el equilibrio armónico de todas las sensibilidades e intereses de cualquier naturaleza o clase sin hacer distinción entre ellos», añaden.