Los ayuntamientos de la provincia de Castellón están haciendo los deberes en materia de dependencia. El Consell les transfirió las competencias para realizar las valoraciones a los solicitantes con el objetivo de reducir la alarmante lista de espera, pero la falta de recursos del departamento de Mónica Oltra para resolver las prestaciones está llevando a una situación inusual. Hay más personas valoradas, pero también más que no reciben la ayuda que el Gobierno valenciano debe resolver según cada caso. En la provincia ahora hay casi 1.500 personas, de los cerca de 7.000 dependientes existentes, que no perciben ayuda o servicio pese a tener el derecho reconocido.
Localidades como Castellón, Almassora, la Vall, Burriana o Nules han incrementado sus plantillas y recursos en Servicios Sociales para hacer frente a esta nueva tarea, logrando agilizar la lista de espera. Por ejemplo, en Almassora han conseguido cerrar hasta 22 valoraciones en dos meses y todas están en proceso de resolución. En este sentido, la concejala del área, Diana Belliure, indicó que han asignado a un técnico especializado en dependencia para realizar estas valoraciones, han incorporado el material informático necesario para tramitar los expedientes y han adquirido una bicicleta para los desplazamientos hasta los domicilios.
AÑOS DE LISTA DE ESPERA
En Burriana, las trabajadoras municipales, junto a una profesional de refuerzo, han realizado una veintena de valoraciones en el primer mes del servicio, según explica la alcaldesa, Maria Josep Safont. Las mismas empleadas decidieron realizar el curso de formación para poder ser quienes realizaran las valoraciones, por eso Safont quiere dejar claro que «es realmente de agradecer que las trabajadoras de los Servicios Sociales sean quienes están desenquistando una situación que durante años estaba estancada».
En la capital de la Plana, el objetivo es seguir con las contrataciones de más refuerzos para hacer frente a todas las valoraciones. De igual modo, en Vila-real la contratación del personal necesario todavía está pendiente, a falta de convocar la mesa de negociación general con los sindicatos, requisito indispensable por ley, para las bolsas temporales. Sin embargo, desde el área de Servicios Sociales ya están haciendo valoraciones para intentar agilizar la espera.
En Onda, igualmente, están realizando valoraciones, aunque desde el Ayuntamiento lamentan que la carga de trabajo ha aumentado y continúan las restricciones que padecen a la hora de contratar a más personal.
Desde la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castellón, Carmen Santamaría explica que la Conselleria destina una partida a los ayuntamientos para que puedan ampliar la plantilla, pero remarca que resulta «insuficiente» en algunos casos, por lo que los municipios aportan fondos propios para sufragar parte del personal.
El esfuerzo de los Servicios Sociales no se traduce en aminorar la lista de espera porque, según Santamaría, la Conselleria no ha destinado más recursos al departamento que se encarga de resolver las ayudas, por tanto, el trámite se queda estancado en València. La demora desde que se solicita una prestación hasta que se recibe es de 18-24 meses.
LIMBO
Según la plataforma, teniendo en cuenta las cifras del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), si se comparan los datos del 2015, con el PP en el Gobierno autonómico, el número de dependientes a los que se les ha reconocido el derecho ha aumentado, pasando de 5.204 a 6.848. A pesar de que el ritmo de personas que están recibiendo prestación o servicio también se ha incrementado en 1.233, en concreto de 4.133 a 5.366, no lo hace al mismo ritmo que el de los solicitantes valorados, por lo que, paradójicamente, se encuentran que en el 2017 «el limbo de las personas dependientes, es decir, aquellas que pese a tener el derecho reconocido no están recibiendo prestación, ha aumentado en 411 individuos y llega a 1.482». El colectivo confía en que la demora se acorte en breve y se agilicen los procesos.
