Los directores de instituto, la universidad y Consell abogan por prorrogar este curso la selectividad y así acabar con la incertidumbre que sufren los alumnos de 2º de Bachillerato, que no saben aún cómo será el examen que sustituirá a la prueba de acceso a la universidad (el borrador, que ya existe, no se publicará hasta el día 30). Piden abrir un debate sobre el futuro de la educación para dar estabilidad al sistema.

Así se posicionaron tras aprobar el Congreso tramitar una proposición de ley socialista para suspender el calendario de implantación de la LOMCE en las medidas que aún no se hayan aplicado --como las reválidas--. La iniciativa fue respaldada por la oposición y rechazada por el PP.

SIN CAMBIOS // El presidente de la asociación de directores, José Martí, señala que la votación del martes «no cambia nada la cuestión», porque ya sabían «que este año no tendría efectos académicos la reválida. Si esto sigue adelante no se aplicará, pero el acceso a la universidad para los alumnos de 2º de Bachillerato queda pendiente». Explica que existen dos opciones, una, seguir con lo establecido por el Ministerio, cuyo contenido antes del fin de noviembre se tiene que publicar, o una segunda opción, que cobra fuerza, que es que continuara otro año la PAU. «Pienso que lo mejor sería continuar un año más la selectividad», señala Martí, que apela a que este mes quede clara la cuestión. «Es muy importante para la enseñanza una prueba externa de homologación común a todos los centros», manifiesta.

Por su parte, el conseller de Educación, Vicent Marzà, recuerda que desde el primer momento ha defendido que se eliminen las reválidas de 2º de Bachillerato y que este curso se realicen las pruebas de acceso a la universidad, tanto por razones pedagógicas como por el hecho de que a estas alturas de curso todavía no se sepa cómo se ha de preparar para acceder a la universidad, como consecuencia de las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación. Esta es la postura que el conseller transmitirá al ministro durante la Conferencia Sectorial de Educación que se realizará el día 28 en Madrid.

Por su parte, el rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, pide al Gobierno que, al menos este año, apueste por un sistema «igual o muy similar al de la selectividad». Apunta que el objetivo es «dar la máxima tranquilidad y estabilidad a estudiantes y familias», puesto que los diez meses de gobierno en funciones «han retrasado mucho» la alternativa planteada por el ministro.

Para Climent, el Ejecutivo central debería anunciar el modelo definitivo de prueba de acceso a la universidad «antes del 30 de noviembre» para que hubiera tiempo de preparar los exámenes, no tanto por parte de las universidades como de los estudiantes, «los principales afectados».

LOS PADRES // Màrius Fullana, presidente de la Confederación Gonzalo Anaya, destaca: «Apostamos por un proceso que no implique ni reválida ni pruebas de acceso a la universidad». Considera que se podría aprovechar este momento para hacerlo. «Si fuera por nosotros, pediríamos que todo el mundo pudiera estudiar en la universidad y no hubiera ninguna traba», señala. No obstante, de forma pragmática pide «que se haga lo que trastoque menos la marcha del alumnado de 2º de Bachillerato, si finalmente es el selectivo, sería el mal menor».

Por su parte, el presidente de la confederación católica Concapa Castellón, José Antonio Rodríguez, está a favor de una prueba estatal común, en lugar de una que, como la selectividad, la fijen las universidades, por considerarla discriminatoria. «El sentido común ha vuelto a fallar al dejar a los alumnos de 2º de Bachillerato en un limbo en el que aún no está claro cómo y de qué manera van a ser sus pruebas, lo cual es una injusticia», dice, y culpa a los partidos de la «incertidumbre».

En lo que sí coinciden es en la necesidad de que el Gobierno inicie ya el diálogo para definir un pacto educativo que dé estabilidad al sistema. «No estaría mal», señala Fullana, que critica el modelo educativo del PP y califica de «bipolar» a los de Rajoy, afeándoles que «quieren pactar, pero mira lo que votan en el Congreso».

«Esperemos que ese gran pacto por la educación no se quede solo en un pacto político, sino en un acuerdo de los agentes sociales que participan en la educación, incluidas las familias, a las que si se les hubiera preguntado, hubieran pedido que se dejara claro qué pruebas van a determinar el acceso a la universidad», señala Rodríguez. Mientras, desde Conselleria apuntan que «el diálogo siempre es bueno y el Gobierno de Rajoy ha de aprender a dialogar y pactar». Algo en lo que «puede tomar nota del Govern del Botànic», indicaron.

YA LO ADVIRTIÓ // Por su parte, el rector se muestra satisfecho por que «en el Congreso se haya evidenciado una mayoría política que opta por paralizar o derogar la ley, y a partir de ese momento, iniciar un diálogo que lleve a un pacto por la educación que cuente con el apoyo de más fuerzas políticas, y no solo del PP, como hasta ahora», resalta. Y es que recuerda que él ya advirtió «que la ley sería un problema». H