La cuenta atrás para el desbloqueo de las plantas desaladoras de Orpesa y Moncofa, que llevan siete años acabadas y sin funcionar, se limita ya a escasos 200 días. Antes del 31 de marzo del 2017 deben ponerse en marcha. En caso contrario, la Unión Europea (UE) exigirá la devolución de las ayudas entregadas en su día, una cifra de 35 millones de euros.

Ambas instalaciones se construyeron con una inversión de 100 millones y la expectativa en pleno boom del ladrillo de intensos incrementos de la población que no se han cumplido. El problema ha surgido cuando, una vez acabadas las obras, los ayuntamientos que firmaron convenios para hacerse cargo de parte de la financiación y se comprometieron a consumir el agua, Orpesa, Cabanes,

Benicàssim, Moncofa y Xilxes, han visto que no pueden asumir el alto coste de los recursos depurados. Tampoco pueden los regantes, a quienes se les ha ofrecido que utilicen el agua desalinizada, una situación que no ha cambiado, según ha confirmado el presidente del Sindicato de Riegos del Mijares, Enrique Font, quien asegura que “a día de hoy, no estamos en condiciones de pagar el alto coste que tiene el agua desalinizada, ni el gasto en electricidad que habría que sumarle para salvar desniveles que llegan hasta los 100 metros en puntos como es la Vall d’Uixó”.

Como informó Mediterráneo, hace dos semanas el senador de Compromís por Castellón, Carles Mulet, recordó la situación de bloqueo y anunció que, junto con el también senador de la misma formación y por este territorio, Jordi Navarrete, pedirán explicaciones al ministro de Medio Ambiente, en cuanto haya Gobierno. H