La ley de dependencia cumple su décimo aniversario. La norma, que fue aprobada el 30 de noviembre de 2006 en el Congreso de los Diputados, nació como una de las grandes apuestas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que la consideró un hito histórico para España, pues se convertía en un país más justo y solidario.
Una década después, las asociaciones que trabajan con dependientes en la provincia no ocultan su «frustración» y «desilusión» por las expectativas que generó y que no han llegado a cumplirse. «Es una gran ley, en la que se habían depositado muchísimas esperanzas, pero que no ha llegado ni a cumplirse ni desarrollarse. Miles de personas han muerto o se han quedado por el camino, sin las ayudas que le correspondían, y hay que poner fin a esto», explica Carlos Laguna, presidente de Cocemfe.
Su mayor logro fue «generar un derecho subjetivo de atención», indica José María Toro, presidente de Aerte, la patronal que reúne a las residencias y centros que prestan servicios a dependientes de la Comunitat. Su problema principal, señala Toro, ha sido «la financiación, que no es suficiente». Esto, y algunos problemas de gestión, «ha generado desigualdad entre los ciudadanos de distintas comunidades autónomas», matiza Toro.
BUENA LEY, MALA APLICACIÓN // A la hora de repartir responsabilidades, los colectivos culpan tanto al Gobierno central como al autonómico. Emilio Marmaneu presidente de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Castellón, resume que ha sido una «muy buena ley; de las mejores de Europa», pero ha estado «mal aplicada, por las rencillas políticas y la crisis», concreta.
La norma fue aprobada deprisa y corriendo por el PSOE, adoleciendo de falta de desarrollo normativo y con una previsión económica inferior a las necesidades reales. Los gobiernos autonómicos del PP no creyeron en ella, a lo que hay que sumar el daño generado por la crisis y los recortes. El «empujón» del nuevo Consell, de progreso, que al menos ahora paga al día, aún es insuficiente.
COLAPSO // Los problemas que en el 2007 se relataban de retraso en la baremación de los grandes dependientes --los primeros en beneficiarse de la ley-- se repiten 10 años más tarde. Y el Consell ha reconocido, por boca de Mónica Oltra, que hasta el 2019 no se resolverá el colapso en dependencia, con esperas que le han valido la censura del Síndic de Greuges y que ahora pretende subsanar encomendando la gestión a los ayuntamientos, sin dotarles de medios suficientes. Cierto que, en julio del 2015, se incorporaron los dependientes moderados de grado 1 al sistema (4.000 en la provincia), con 3 años de retraso, en aplicación de la ley de racionalización del gasto.
El presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Castellón, Santi Agost, reivindica «un incremento del personal encargado de los servicios sociales, porque ahora la valoración va a recaer en los trabajadores sociales de los equipos de base y ello va a suponer un incremento de la carga de trabajo». Añade que «la crisis ha traído a mucha más gente a los servicios sociales, por lo que precisan de refuerzos urgentes».
Agost explica que los datos oficiales del Ministerio siempre han situado a la Comunitat a la cola de España en cuanto a la aplicación de la ley y todavía no se están notando los efectos de las nuevas políticas, que deben venir acompañadas de un incremento de los presupuestos. Aun así, se va «por buen camino», y ve positivo que el Consell unifique la red de atención a dependientes en los equipos sociales de base.
Laguna, presidente de Cocemfe, se suma a la petición del CERMI de que el Gobierno central refunde el sistema de la dependencia para que sea aquello para lo que se creó y no se quede como algo intermedio que no da respuestas a las miles de personas y sus familias. También aboga por buscar una fórmula de financiación que garantice la atención: «Una ley sin fondos económicos no sirve para nada».
COPAGO // También pide la eliminación del copago injusto e incaudatorio. «Muchas familias no pueden hacer frente a ese copago por su bajo nivel de ingresos», indica Carlos Laguna, que pone la pelota en el tejado del Gobierno central y del Consell. El copago se mantiene en la Comunitat en residencias y viviendas tuteladas, si bien fue retirado de los centros de día y ocupacionales.
A su vez, Toro reprocha que «se sigue trabajando mucho en el ámbito de la dependencia y mucho menos en promoción de la autonomía personal». Los colectivos como Ateneu y la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia también piden más centros de día y pisos tutelados.
