Las puertas de la Administración han estado cerradas a cal y canto desde que estalló la crisis. Prepararse durante meses, aprobar una oposición y empezar a trabajar en un ayuntamiento, un hospital o un colegio de Castellón ha sido en los últimos años prácticamente una misión imposible. Las convocatorias de empleo público podían contarse con los dedos de la mano y con ellas se minaban las esperanzas de miles de aspirantes a funcionarios. Pero ese panorama se acabó. En los últimos meses, la Administración también ha abierto el grifo y está convocando miles de plazas. Y este 2017 ocurrirá lo mismo, gracias sobre todo a las ofertas a nivel estatal y autonómico. Los ayuntamientos son algo más comedidos, aunque municipios como Castellón y Vila-real ya han anunciado un refuerzo de plantillas, algo que no sucedía desde hace al menos seis años.
Las primeras convocatorias para este año hacen pensar que 2017 podría ser, definitivamente, el año de la recuperación de las oposiciones. Es cierto que las cifras todavía no tienen nada que ver con la época dorada de los concursos de empleo público, pero sí van a servir para ampliar plantillas y poner el punto y final a años de pérdida de funcionarios. Un empleo. Desde julio del 2010, año en el que por ley se dejaron de cubrirse las vacantes por jubilación, fallecimiento o excedencia, hasta julio del 2016, Castellón a perdido casi 600 empleados públicos, según datos del Servicio Central de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda. En ese tiempo, la Universitat Jaume I ha sido la única que ha sumado personal (1.655 más), pero las consellerias, la Administración local y las fuerzas de seguridad han sufrido recortes.
El año empieza bien para el empleo público y parte de la culpa la tiene el sector sanitario. La Conselleria que preside Carmen Montón prevé cubrir 3.608 plazas, de las que el 43% van destinadas a ampliar y consolidar empleo entre el colectivo de enfermería. Además, y si las previsiones se cumple, las oposiciones más concurridas, llegarán en el segundo trimestre del año.
Mucho menos masivas, pero sí con más plazas que durante años anteriores van a ser las de la administración de Justicia. Para la Comunitat se esperan 199 puestos a cubrir (54 de gestión procesal, 107 de tramitación procesal y 38 de auxilio judicial). «El número podría aumentar si finalmente se acumulan a las plazas que se aprueben este año», aseguran desde Adams Formación.
Donde no habrá convocatoria este año es en Educación, Tras la oferta del 2016, la Conselleria que preside Vicent Marzá ya ha anunciado para el 2018 y 2019 un total de 4.946 plazas, de las que 3.533 serán de acceso libre, mientras que 1.413 corresponderán a promoción interna.
Quien también tiene el cinturón menos apretado es la administración del Estado. A las 2.615 plazas convocadas en 2016 para el Cuerpo Nacional de Policía y las 1.700 para la Guardia Civil, este año se añadirán otras 5.000. Correos, además, se reforzarán con 2.450 nuevos puestos y también hay previstas 1.040 plazas en la Agencia Tributaria.
AYUNTAMIENTOS MENOS LANZADOS // De la alegría en la contratación también se están contagiando los ayuntamientos de la provincia, aunque lo hacen a mucho menor ritmo. Vila-real, por ejemplo, ha puesto fin a seis años en blanco y ha anunciado 5 nuevos puestos de funcionarios. En Castellón van a ser 12 y con las nuevas incorporaciones la plantilla municipal se situará en 1.188 personas frente a las 1.250 que había en 2010.
Que la alegría vuelva al empleo público es algo que gusta a los sindicatos, que llevan años advirtiendo que las plantillas han adelgazado tanto que es imposible prestar un servicio de calidad. «Es necesario eliminar la tasa de reposición como también lo es solucionar las altísimas tasas de temporalidad», apunta Mayte Montaner, secretaria de Política Sindical de UGT-PV.
Javier Estrada, presidente del sindicato SCI-F Castellón es de la misma opinión. «La convocatoria es positiva, pero hay más anuncios y márketing que soluciones reales a las graves carencias de plantilla de la práctica totalidad de los servicios públicos, puesto que en ningún caso la oferta pública de empleo se ajusta a las necesidades reales». Estrada insiste en no hay ninguna administración que funcione al 100% y reclama una oferta pública amplia que abarque las necesidades de todas las administraciones.
