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EL SECTOR CONSIDERA QUE EL ANTEPROYECTO, hoy en fase inicial, está lleno de incertidumbres

Las empresas rechazan la futura ley de minas del Consell antes de nacer

Las asociaciones extractoras reclaman cambios para no poner en peligro la economía y el empleo. Las suministradoras de arcillas exigen que la norma fomente la reindustrialización, como requiere la UE

 

Trabajos en el interior de una empresa extractiva de arcilla roja en la provincia, para suministrar de materia prima a las empresas azulejeras. - GABRIEL UTIEL

A. BÁEZ
19/10/2017

Con casi 20 años de retraso, la Generalitat valenciana ha comenzado a dar los primeros pasos encaminados a la elaboración de una futura ley de minas que permita regularizar en la Comunitat las extracciones dirigidas al suministro a la industria, entre las que destaca la aportación de arcilla roja para el azulejo castellonense. Sin embargo, lo que hoy es solo un anteproyecto de ley, prácticamente en fase de estudio, no ha contentado a ninguna de las asociaciones que engloba al sector, que considera que, básicamente, la norma «requiere de un nuevo enfoque» que evite las incertidumbres y los riesgos que su aplicación supondría para la economía y el empleo.

Las empresas recuerdan que el suministro de pasta roja es hoy una de las grandes preocupaciones del azulejo a largo plazo, por lo que se trata de una de las cuestiones clave que actualmente se viene analizando dentro de la Mesa de la Cerámica, constituida por la Generalitat y la industria del sector del taullel y afines.

REINDUSTRIALIZACIÓN // Las organizaciones empresariales del sector de las extracciones, reunidas ayer en València, subrayan que esta norma, en su fase inicial, ya carece de una «arquitectura jurídica» errónea y cuenta con «numerosas deficiencias», puesto que, según señalan, no contempla las propuestas que la propia Comisión Europea establece dentro de su estrategia de materias primas, dirigida especialmente a promover la reindustrialización en el marco comunitario.

Por otro lado, la futura ley de minas valenciana --según concluyen los representantes de las empresas suministradoras de materia prima-- pone de manifiesto que la creación, en el ámbito autonómico, de un fondo para asegurar los entornos paisajísticos

--a lo que se añade la implantación de garantías financieras para rehabilitar las superficies afectadas-- no pueden ser analizados de manera autonómica, sino que deben supeditarse a un marco estatal. «Esto permitiría criterios únicos y comunes en todas las comunidades y entonces se evitarían agravios» territoriales, según expone Amador Poveda, el presidente de Fiecova, federación territorial que engloba a todo el sector extractivo valenciano.

Finalmente, tras el análisis por parte de las empresas afectadas, se pone de manifiesto «la necesidad» de que la norma valenciana se supedite a la legislación minera estatal, hoy en fase de revisión, según las mismas fuentes, que ven el antreproyecto muy cargado de «riesgos para las empresas, los empleos y, en general, para la economía de la Comunitat».