La Diputación de Castellón querría invertir todos sus remanentes, que ascienden a 31,7 millones de euros en los pueblos de la provincia, pero no puede, por lo que quedarán 24,2 millones de las arcas provinciales sin gastar, debido a la gestión previa, realizada por ejecutivos del PP, según explicó este jueves la institución.
Su presidente, José Martí, y el diputado de Hacienda, Santiago Agustí reiteraron ayer que el retraso en la ejecución este año de obras presupuestadas incluso en el 2017 y también en el 2018 dentro del Plan 135 han sobrecargado las cuentas del 2019, de modo que los técnicos han advertido de que habrá un incumplimiento de la regla de gasto, todavía por concretar. Ello obligará, debido a la ley de estabilidad presupuestaria que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy, a elaborar un plan económico financiero y limita las inversiones que pueden realizarse.El responsable de Hacienda apunto que esperan que la desviación «no sea elevada», de modo que se puedan reorganizar las cuentas del 2019 sin que se produzcan desviaciones sustanciales.
Agustí explicó que se ha decidido utilizar un procedimiento técnico que sí permite emplear una parte de los remanentes. Se trata de un depósito bancario, en este caso de 7,5 millones de euros, que debe permanecer en la entidad durante cuatro meses.
Liquidez en marzo
Una vez transcurrido ese plazo, previsiblemente en marzo, ya que el depósito se aprobará en el pleno de noviembre, la Diputación podrá disponer de un paquete de liquidez del que se utilizarán 5,6 millones para el Fondo de Cooperación Municipal y 1,9 para financiar otros servicios básicos como e la atención social en municipios de menos de 10.000 habitantes, tal y como recoge la nueva Ley de Servicios Sociales de la Generalitat valenciana.
