Hacienda va a seguir peinando Castellón en busca de nuevas construcciones, reformas o cambios de uso de inmuebles que son invisibles a efectos tributarios. El plan impulsado por el ministerio que dirige Cristóbal Montoro y que constituye uno de los pilares de la lucha contra la economía sumergida, abarcará este año a otros 51 municipios de la provincia. Con esta fase, la última, se dará por completado un mapa que en el caso de la provincia empezó a elaborarse en junio del 2014. En total, se habrán revisado unos 700.000 inmuebles.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) acaba de publicar el listado de los municipios de Castellón cuyos inmuebles serán inspeccionados desde ya y hasta finales del próximo mes de noviembre. En la lista aparecen localidades como Onda, l’Alcora, Benicàssim, Torreblanca, Vilafamés o Vall d’Alba (ver gráfico adjunto) y para realizar la inspección, la Dirección General del Catastro se va a servir de inspecciones a pie de terreno y del uso de drones.

El proceso tiene un objetivo claro: sacar a la luz nuevas construcciones en parcelas privadas que se habían edificado sin que se hubiera comunicado al ayuntamiento o al catastro; ampliaciones o rehabilitaciones no declaradas como, por ejemplo, construir una nueva planta en un inmueble ya edificado; inmuebles en los que se ha llevado a cabo reformas integrales o, directamente, a los que se ha cambiado el uso; y la construcción de piscinas sin que se haya puesto en conocimiento de las autoridades municipales.

Así, a través de fotografías aéreas o imágenes tomadas por satélites, el catastro comprueba las modificaciones que presentan los inmuebles. Después traslada la información al ayuntamiento y envía una notificación al propietario para que regularice la situación de su vivienda mediante el pago de 60 euros. El titular del inmueble debe acudir a la Gerencia Territorial del Catastro (en Castellón está en el número 12 del Paseo Ribalta) o en el ayuntamiento de municipio donde se ubique la propiedad y presentar el impreso de declaración, acompañado de toda la documentación que le sea requerida.

Hasta la fecha, el plan de regularización catastral está dando en Castellón buen resultado. Sólo en las cinco primeras fases de este plan de regularización (hasta junio del 2016) y que ha abarcado a 63 municipios de la provincia, entre los que destacan Almassora, Burriana, Castellón, La Vall d’Uixó o Benicarló, las inspecciones han hecho aflorar nada menos que 21.737 inmuebles que hasta hace pocos meses eran invisibles para la Administración.

DE CASA DE APERO A CHALET // Pero, ¿qué tipo de fraude se ha sacado a la luz hasta el momento en Castellón? Las irregularidades de mayor envergadura son las nuevas edificaciones (esa casa de apero reconvertida en un chalé o esa finca familiar en la que los hijos han levantado sus casas junto a la de sus padres). Representan un 43% del total. Otro 23% responde a reformas o cambios de uso (por ejemplo cerrar la terraza para sumar otra habitación a la vivienda); un 8% son construcciones de piscinas y otro 26% restante son ampliaciones y rehabilitaciones (ganarle, por ejemplo, unos cuantos metros al patio para crear un jardín o un aparcamiento).

Las consecuencias de esta regularización son considerables para el bolsillo del titular, ya que el incremento del valor catastral de la propiedad tiene su repercusión en varios impuestos, sobre todo en el IBI. De entrada, los dueños de estas construcciones afloradas se están encontrando en el recibo de la contribución con una subida media de 215 euros por inmueble, a los que hay que sumar otros 579 reclamados en concepto de atrasos de los últimos cuatro años, ya que más allá se considera prescrito.