El juez instructor de los cursos de formación, Jacobo Pin, el mismo que investigó el ‘caso Fabra’, ha procesado a la patronal provincial; su secretario general, Rafael Montero; el director de Economía y Formación, Juan Antonio Espejo; una filial de la CEC dedicada a la formación; tres empresarios de la Vall d’Uixó; sus empresas; y a la confederación autonómica Cierval. Para todos observa “indicios” de que desviaron 1,8 millones de dinero público destinado a subvencionar los cursos.
