El culebrón en el que vive instalada la Confederación de Empresarios de Castellón no cesa. El juez instructor del caso de los cursos de formación, Jacobo Pin --el mismo que investigó el caso Fabra--, ha procesado a la patronal provincial; su secretario general, Rafael Montero; el director de Economía y Formación, José Antonio Espejo; una filial de la CEC dedicada a formación; tres empresarios de la Vall d’Uixó; sus empresas; y a la confederación autonómica Cierval. Para todos ve “indicios” de que desviaron 1,8 millones de dinero público destinado a subvencionar los cursos. Otro empresario se encuentra desaparecido y no ha sido procesado.
El auto, que no menciona al expresidente de la CEC José Roca, es muy duro y pone en bandeja al fiscal el escrito de acusación previo a la apertura de juicio oral, aunque las partes tienen tres días para recurrir (Cierval ya ha anunciado que estudia esta vía). Eso sí, dadas las fechas, es muy probable que todos estos pasos no se den hasta el mes de septiembre.
orquestado // Con su providencia de ayer, Pin concluye una instrucción que se inició hace poco más de un año y que deriva de una denuncia de la Fiscalía Provincial. En su escrito, el juez describe cómo, tras recibir 3 millones de Cierval (de los 12 que le transfirió el Servef para formación), Montero y Espejo, “aprovechándose de sus cargos orgánicos” en la patronal castellonense, supuestamente “se concertaron” con los empresarios Rufino Martínez, su mujer Elodia Salvador, la madre de esta, Elodia Benedito, y Álvaro García “para beneficiarse del expediente público” de los cursos de formación, “que incluía una subvención” importante.
El juez no pone en duda la realización de los cursos, de hecho señala que se impartieron “entre el 29 de noviembre del 2009 y el 30 de septiembre del 2010”. Lo que sí señala es que Rufino Martínez y Álvaro García cobraron en dos cuentas de su propiedad altas cantidades de dinero que justificaban mediante facturas falsas por la realización de “labores accesorias en los cursos ofertados”.
Estas facturas, en opinión de Pin, “no respondían a ningún trabajo o concepto realmente prestado, ni existía vinculación contractual” entre la CEC y las empresas. Por ello considera que estos hechos pueden ser constitutivos de falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
García --que retiró 842.000 euros en metálico de su cuenta desde mayo del 2009 a agosto del 2012-- se encuentra desaparecido y no está procesado. Sí lo están Elodia Salvador y Elodia Benedito, administradoras del Centro de Oficios la Vall y del Restaurante el Palau de la Vall, donde supuestamente se realizaban las labores que constan en las facturas.
Esta última también retiró una parte del dinero, así como su yerno, Rufino Martínez, que sacó 638.000 euros en metálico entre el 12 de marzo del 2010 y el 23 de septiembre del 2011.
Montero y Espejo también transfirieron al Instituto de Fomento y formación empresarial de Castellón, una filial de la CEC destinada a formación, 148.000 euros que no justificaron. Un mes después 160.000 euros volvieron de esta cuenta de nuevo a la de la CEC, años antes de que el Servef pidiese documentación de todo.
sigue // Tras conocer su procesamiento, ni Rafael Montero ni José Antonio Espejo pusieron ayer su cargo a disposición de la junta rectora de la CEC, que no analizará su relevo hasta la asamblea extraordinaria del día 8. Aunque por la mañana no se incluyó en el orden del día, sí se abordará. H
