La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha tomado la delantera al Tribunal Supremo en las querellas por rebelión, sedición y malversación de la fiscalía. Ha desoído las quejas de las defensas por no haber tenido tiempo suficiente para preparar la comparecencia y ha decretado prisión incondicional para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el resto del depuesto Govern. Para todos, menos el exconseller de Empresa Santi Vila, que dimitió la víspera de la declaración de independencia, y a quien se impuso una fianza de 50.000 euros que le permitirá abandonar la cárcel en cuanto la haga efectiva.
En cambio, el Tribunal Supremo dio una prórroga a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y los otros cinco miembros de la Mesa citados. El magistrado Pablo Llarena accedió a la petición de la defensa y pospuso la comparecencia al próximo 9 de noviembre, festivo en Madrid y aniversario de la consulta de 2014 que supuso la condena del expresidente Artur Mas y los exconsellers Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega; y de la declaración soberanista de 2015, con la que empieza el relato de hechos de la querella fiscal.
La magistrada basa su decisión de prisión en los tres requisitos que exige la ley: riesgo de reiteración delictiva, de destrucción de prueba y de fuga. Respecto a este último se remite al «poder adquisitivo» de los querellados, que «les permite abandonar fácilmente el territorio nacional y subsistir en el extranjero». Añade que «en este punto basta recordar que algunos querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pudieran haber incurrido», en clara referencia al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a los cuatro de sus exconsellers que le acompañan en Bruselas, en una estrategia que quizá les genere réditos políticos, pero que se ha demostrado muy perjudicial para los intereses de los que sí han venido.
Tras recordar que la rebelión puede alcanzar los 25 años de prisión, la sedición, los 10 y la malversación de caudales, los 8 o incluso los 10, si es con falseamiento de la contabilidad, la magistrada entiende que «cobra especial importancia el papel que todos los querellados protagonizaron desde sus cargos públicos, sin los cuales el proceso independentista no hubiera podido impulsarse». La responsabilidad que tuvieron en el Gobierno hasta la aplicación por el Gobierno del artículo 155 de la Constitución lleva a «apreciar una alta probabilidad» de que exista riesgo de alteración de prueba, según la jueza.
El auto, que hace suyo el relato de la violencia intimidatoria en la que sustenta la fiscalía su querella, destaca que la acción de los querellados «fue meditada y perfectamente preparada y organizada, reiterando durante más de dos años el incumplimiento sistemático de las resoluciones del Tribunal Constitucional».
Entiende que hay un «alto» riesgo de reiteración delictiva, porque durante los dos últimos años «los querellados jugaron un papel activo, impulsando el proceso soberanista minuciosamente diseñado y franqueando toda clase de barreras que pudieran desivarles de su última finalidad».
La magistrada argumenta, también, que el Govern operaba «dentro de un grupo perfectamente organizado de personas, apoyado por asociaciones soberanistas con poder y capacidad para auxiliarles en su posible huida de la Justicia». Ademá, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural «han jugado un papel decisivo en el proceso soberanista».
El auto destaca el compromiso de Junts pel Sí de «lograr la independencia de Cataluña en 18 meses» y la hoja de ruta Enfocats intervenida en el domicilio de la mano derecha de Junqueras (Josep Maria Jové), en la que se contemplaba «una única y exclusiva alternativa»: la independencia de Cataluña. Para la consecución del plan «se valieron de la población alentando actos de insurrección pública, desobediencia y resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado, ocupando al efecto carreteras, calles o edificio y sometiendo a los agentes a un incesante acoso».
Las declaraciones fueron muy ágiles. El primero en comparecer fue Jordi Turull, exconseller de Presidencia y portavoz. Después lo hicieron, Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad), Meritxell Borràs (Gobernación y Vivienda) y Joaquim Forn (Interior). Todos ellos declararon solo durante unos cinco minutos, al responder solo a sus abogados. La jueza precisa que, aunque Turull y Rull accedieron a sus puestos el pasado 14 de julio, desde entonces han participado en «multitud de actuaciones en el desarrollo del proceso independentista hasta el pasado 27 de octubre», cuando se declaró la independencia.
Santi Vila fue el único que accedió a contestar a las preguntas del fiscal y de la jueza, distanciándose del Govern. Fue el único que no fue aplaudido a su llegada por los políticos del PDECat y ERC.
