El jefe del Gobierno, con el traje de candidato puesto, se declara en deuda con sus votantes por la repetición de las elecciones. Admite que ya podría ser presidente pero con el riesgo de un Gobierno repleto de contradicciones por la actitud de Podemos. Con el conflicto catalán de fondo, atiende a Prensa Ibérica antes del mitin en València.

El Consell ha tenido que hacer un recorte en sus cuentas. Más allá del parche del FLA, ¿qué puede hacer el Gobierno central para atemperar la asfixia financiera de la Generalitat?

R Como bien dijo el grupo de expertos que puso en marcha la anterior Administración, la Comunitat Valenciana es la que tiene la peor financiación. De hecho, sufre una infrafinanciación estructural que necesita de una revisión del modelo. Ese es el compromiso que tenemos con los valencianos y valencianas y esperamos que a partir del 10 de noviembre, con una legislatura de estabilidad, podamos abrir paso a ello.

¿Para cuándo las entregas a cuenta?

Ahora mismo estamos estudiando la fórmula de cómo un Gobierno en funciones puede actualizar las entregas a cuenta para resolver los problemas de liquidez de las comunidades autónomas.

¿Puede comprometerse con una fecha para aprobar ese nuevo modelo de financiación?

En interés del Partido Socialista y del resto de partidos políticos, de los gobiernos autonómicos y del Gobierno de España espero que en la legislatura que nazca del 10 de noviembre tengamos la suficiente estabilidad como para tener ya un nuevo modelo de financiación autonómica. Vamos ya con retraso, es decir, la propia ley ya marcaba la revisión y la actualización del modelo y eso es algo que tenemos que ineludiblemente plantear en la próxima legislatura. Debe ser uno de los grandes pactos que acordemos los distintos gobiernos y también las distintas fuerzas políticas.

¿Teme que cambiar el statu quo del actual reparto de fondos abra una guerra entre territorios?

A mí me parece mucho más importante decidir primero qué Estado del Bienestar queremos. Es evidente que necesitamos mejorar la financiación de la sanidad pública, que ahora representa un 6 % del PIB y nuestro compromiso electoral es llegar al 7 %. Luego está la dependencia y la educación. A partir de ahí, debemos plantearnos cómo lo vamos a financiar y cómo se va a hacer el reparto de recursos entre las distintas comunidades autónomas. A partir de ahí tendremos que responder a dos preguntas. La primera es qué sistema fiscal queremos y la segunda, qué sistema de financiación ponemos en marcha.

¿Considera una quita de la deuda histórica de la Comunitat o un perdón como se hizo en el pasado en otros territorios?

Eso siempre ha sido un debate recurrente en la Comunitat Valenciana y en la política española también por parte de los socialistas valencianos. Creo que todo esto tenemos que hablarlo en términos mucho más globales, hablar de la financiación autonómica, y a partir de ahí, ver cómo podemos resolver efectivamente uno de los problemas más graves que tiene también la Comunitat Valenciana: el alto endeudamiento que dejaron las Administraciones anteriores, las del PP. Pero para eso se necesita primero tener un Gobierno, que llevamos mucho tiempo sin Gobierno. Al final hay una pregunta bien clara, para la que están convocados los ciudadanos: si queremos el 11 de noviembre un Gobierno o queremos seguir instalados en el bloqueo. Es curioso, en cada proceso electoral aumenta el número de partidos políticos que se presentan y había gente que decía que este era un sistema electoral que permitía el bipartidismo. Bueno, pues ahora tenemos un montón de partidos políticos, pero cada vez es más evidente que la única formación política que puede garantizar un gobierno estable en nuestro país es el Partido Socialista.

El presidente Puig lleva años hablando del problema valenciano con el fin de que este se sitúe en la agenda nacional. ¿Existe para usted un problema valenciano?

Existen demandas que son propias de la Comunitat Valenciana o del Mediterráneo, como por ejemplo, el eje del corredor mediterráneo. Es evidente que la financiación autonómica afecta a la Comunitat Valenciana de manera muy particular e intensa, pero no sólo a ella. También a Murcia o a Andalucía, donde también hay problemas de financiación del sector primario. Luego está la cuestión del agua. Hay temas que afectan con particular intensidad a esta tierra, pero existe un desafío muy importante, el desafío de la cohesión, la cohesión social y la territorial, la creación de oportunidades y la lucha contra fenómenos como la despoblación. Por todo eso, más que hablar de problema valenciano, de agendas territoriales, hay que hablar de agenda de país, de un proyecto nacional que no se circunscribe a un determinado territorio, sino al conjunto del país.

¿Cuál es la agenda?

Hemos detectado seis grandes desafíos: el empleo y la sostenibilidad del sistema público de pensiones, la transición digital; la transición ecológica, que afecta también a la Comunitat Valenciana de manera particularmente intensa como hemos visto con las inundaciones, la igualdad real entre mujeres y hombres, la lucha contra la exclusión social y la desigualdad. Esto último tiene que ver con un Estado autonómico que debe ser mucho más fuerte y con una aportación de España al fortalecimiento de la nueva patria de los españoles que es Europa. Y ahí es donde vamos a tener en buena medida las respuestas a los problemas que se están planteando en el ámbito local.

¿Comparte que es una anomalía histórica que Cataluña y la Comunitat Valenciana no estén conectadas por AVE ni por autovía gratuita y el corredor mediterráneo no sea aún una realidad?

Sin duda, pero trasciende lo que es el Mediterráneo. En nuestro país lo importante es crear esa gran autovía ferroviaria que conecte con Europa y haga más competitivo al Mediterráneo.

El presidente Puig ha formado gobierno en la Comunitat Valenciana con Compromís y Unides Podem y parece que duerme tranquilo. Uste dijo que gobernar con Podemos le quitaría el sueño. ¿Quién se equivoca Puig o usted?

Esto es lo que pasa cuando se utilizan términos coloquiales, que puede dar la sensación de que es una frivolidad. ¿Qué es lo que quise decir? Primero, que España necesita un Gobierno progresista, estable y coherente. Un Gobierno progresista significa un Gobierno con la hoja de ruta marcada por el Partido Socialista porque ha ganado las elecciones. Un Gobierno estable significa que la gobernabilidad del país no descanse en fuerzas independentistas. Nosotros podemos aprobar leyes con fuerzas independentistas porque habrá algunas cuestiones de política social que a lo mejor converjan en sus intereses políticos, pero desde el punto de vista de la estabilidad del Gobierno de España, es evidente que estas fuerzas poco o nada tienen que ver, como se vio el pasado 28 de abril. Las elecciones se convocaron porque cayeron los presupuestos como consecuencia del voto contrario de la derecha y de las fuerzas independentistas. Eran presupuestos buenos para la Comunitat Valenciana porque cumplían por primera vez con el Estatuto de Autonomía en el ámbito de las inversiones. Pero también eran buenos para Cataluña, pero votaron que no.

¿Por qué no pudo ser ese Gobierno con Podemos?

Con todo lo que está pasando en Cataluña, habría sido tener dos Gobiernos en uno: un Gobierno defendiendo la Constitución y el otro diciendo que existen presos políticos en España. Hubiera sido un Gobierno paralizado por sus propias contradicciones. Yo quiero un Gobierno estable y coherente, quiero un Gobierno para una legislatura, no para una investidura. Esta fue la gran dificultad que nos hemos encontrado, pero aún así nosotros ofrecimos un Gobierno de coalición que le pareció insuficiente a Podemos y ahí es donde dije esta expresión. Que no parecía razonable que un partido que no tenía experiencia en la gestión pública e incluso cuando la ha tenido ha sido bastante deficitaria, se lo entregara, bien una política energética, bien la seguridad social, o la Hacienda Pública, como me exigieron. A partir de ahí, creo que el 10 de noviembre la pregunta es bien clara: ¿un Gobierno progresista o continuamos con el bloqueo?

PP y Cs suelen afirmar que hay riesgo cierto de contagio del independentismo a la Comunitat Valenciana. ¿Usted qué cree?

La crispación y la confrontación territorial ya hemos visto adónde nos ha llevado. El PP algo solidario debería ser con este Gobierno que va a tener que gestionar políticamente la judicialización de una crisis política que se produjo precisamente bajo gobiernos del Partido Popular. No pido que apoyen al Gobierno socialista, si no al presidente de España, como yo hice con el señor Rajoy, porque en realidad la única esperanza que tiene el independentismo es, una vez naufragado su proyecto político, que aquellos que creemos en la unidad de España nos dividamos.

¿Ve factible un Gobierno a tres como el valenciano, en este caso PSOE con Podemos y Errejón?

Yo lo que espero y por lo que voy a trabajar es porque haya un resultado que permita un Gobierno en España. Yo no tengo ningún problema con el multipartidismo. Bienvenidos todos los partidos que quieran presentarse. Estamos en una democracia y tienen todo el derecho. Pero tiene que servir para dar estabilidad al país, para darle un Gobierno y un horizonte de cuatro años. Si no, creo que tenemos un bloqueo que no nos va a permitir abordar los desafíos que tenemos por delante, que son muchos. Me siento en deuda con los siete millones y medio de españoles que votaron avanzar el 28 de abril y, por tanto, votaron al PSOE. Me siento en deuda porque he intentado un Gobierno progresista y no lo he logrado. Por eso pido un último esfuerzo para que el 10 de noviembre acudan a votar y demos una salida a esta situación de bloqueo, porque fíjese, no había ninguna alternativa a un Gobierno del PSOE. Ninguna.

¿Qué va a cambiar el 10N?

Yo creo que los españoles el próximo 10 de noviembre al menos van con más información. Si el 28 de abril a cualquier ciudadano que fuese a votar a Podemos le preguntan: ¿usted cree que el partido del señor Iglesias va a votar cuatro veces en cuatro años en contra de un Gobierno del PSOE?, estoy convencido de que hubiera dicho que no. O el señor Rivera: usted cree que un partido que parece que nació o, al menos eso dicen, para luchar contra el independentismo catalán iba a expulsar a Manuel Valls del Ayuntamiento de Barcelona por impedir que ERC se hiciese con el ayuntamiento hubiesen dicho que no. Pero ha ocurrido. Por tanto, yo creo que los ciudadanos van con más información a la hora de saber cuál ha sido la posición política del conjunto de fuerzas.

Usted habla de bloqueo, pero podría ocurrir que el escenario tras 10N fuera similar. ¿Qué pasará, terceras elecciones?

Hay que evitar ese riesgo y es importante que todos aquellos que el 28 de abril votaron que España avanzara lo hagamos con mayor contundencia para que esa voz sea escuchada en el Congreso y no se pueda ir al bloqueo. Segundo, es verdad que hay muchos partidos, pero insisto, quien quiera Gobierno es evidente que solamente puede apostar por la única formación que lo garantiza, que es el PSOE. Lo demás es más bloqueo. Y en tercer lugar, como he dicho antes, creo que las estrategias de los partidos tendrán que variar después del 10 de noviembre.

¿Incluida la suya?

Fíjese. Yo podría ser presidente, es cierto, ¿pero de qué Gobierno? Uno en el que la Seguridad Social estuviera en manos de Unidas Podemos cuando tenemos un déficit de Seguridad Social o la política energética, decisiva para la competitividad de nuestra economía. O un Gobierno que ante el desafío catalán se planteara que hay presos políticos o que en el caso de que los independentistas quiebren de nuevo unilateralmente la legalidad pues no apoyen aplicar el artículo 155. Es evidente que hubiera sido un Gobierno no para una legislatura, sino para salvar una investidura, pero no hubiera sido un Gobierno de verdad asegurado, ni con la certeza ni la estabilidad ni la cohesión necesaria para hacer frente a los desafíos.

Si Podemos no es un socio fiable, ¿podría serlo Ciudadanos?

Eso es ciencia ficción. Un señor que no se me pone al teléfono, que me ha vetado y se ha puesto en brazos de la ultraderecha, que cada vez que dice tres palabras, una es Sánchez y para insultar. No creo que tenga mucha verosimilitud. Otra cuestión es que Podemos utilice esa, digamos, estrategia dialéctica, pero no desde el punto de vista de la verosimilitud.

¿Qué línea roja tendría que pasar el Govern de Torra para que el Gobierno de España pusiera en marcha el artículo 155?

Hay doctrina del Tribunal Constitucional que echa por tierra los argumentos de Partido Popular y de Ciudadanos de aplicar sine díe y de manera permanente el artículo 155 y la suspensión de la autonomía en Cataluña y que dice claramente en qué momentos se podría aplicar, bajo qué circunstancias y para qué tiempo. La filosofía es la siguiente: primero, firmeza democrática; segundo, proporcionalidad y tercero, unidad. Firmeza democrática es que si la Generalitat vuelve a la vía unilateral, aprueba leyes de desconexión o no respeta sentencias del Constitucional y pone en riesgo la convivencia que garantiza el Estatuto de Autonomía, pues firmeza democrática. Segundo, proporcionalidad. No somos un Gobierno que quiera utilizar la crisis en Cataluña para nada. Y en tercero, la unidad. Es muy importante que hubiera un consenso, al menos entre las grandes fuerzas políticas, para legitimar desde el punto de vista también social una medida de esas características. Nos vamos a mover en esos términos.

¿Si echa la vista atrás que conclusiones se pueden sacar?

La primera es que el movimiento independentista ha fracasado, ha naufragado. Y lleva diez años cometiendo el mismo error y tropieza con la misma piedra, que es la quiebra y la fractura de la convivencia en Cataluña. Y en segundo lugar es importante subrayar que el Gobierno y el Estado cuentan con herramientas constitucionales homologables al conjunto de países de la Unión Europea para responder ante crisis de estas circunstancias. Lo dije en Cataluña y lo reafirmo hoy: nosotros responderemos con serena firmeza. No vamos a contribuir a echar más gasolina al fuego, pero sí creo que el cometido que tiene el Gobierno es garantizar la seguridad y la convivencia. Esta crisis la vamos a superar, como otras en Cataluña. Pero me llama mucho la atención que el independentismo catalán dé lecciones de derechos humanos y de democracia y no condene de manera radical y rotunda cualquier indicio de violencia. Eso tiene que hacer reflexionar a la sociedad catalana.

P¿Hay riesgo de fractura de la convivencia en Cataluña?

R Bueno, es que ayer [por el miércoles] en Cataluña a una periodista se le increpa y se le empuja. Y no es la primera vez. Eso también refleja algo. Que haya empresas que han salido de Cataluña como consecuencia de la inestabilidad, pues también refleja que hay una crisis de convivencia y hasta incluso en términos más coloquiales, cuando uno habla con catalanes hay mucha gente que te dice que ya no puede hablar en el hogar o en reuniones familiares sobre política. Si eso ocurre es porque hay una crisis de convivencia y es lo que ha negado el independentismo. El Gobierno de España quiere hablar y dialogar con la Generalitat siempre. Pero primero la ley y luego, el diálogo. No puede haber diálogo sin ley o un diálogo que sirva para retorcer la ley. Lo que pasa es que el independentismo no quiere dialogar con la parte que no es independentista y no la reconoce. Fíjese, el 1 de octubre. Echemos la vista atrás hace dos años. Demos por buenos los datos de participación del independentismo en el 1 de octubre de hace dos años. Ellos dijeron que había participado el 43 por ciento del total del censo en Cataluña. De ese 43 por ciento, el 38 % votó a favor de la independencia, 43 es menos que 50 y 38 menos que 50. Por tanto, no participó ni la mitad de la población catalana. Pero si nos vamos a las elecciones autonómicas. ¿Qué porcentaje del censo votó? Casi el 80 por ciento. Y votó a favor de la independencia o a formaciones políticas independentistas un 47 por ciento. Es decir, ellos tienen una mayoría parlamentaria, pero no tienen una mayoría social que les avale ese proyecto de independencia.

P¿Qué le pediría al Partido Popular y a Ciudadanos?

R Yo lo único que le pido al PP y a Ciudadanos es que dejen un poco de lado sus cuitas partidarias y se posicionen al lado del Gobierno de España ante un desafío que lógicamente va a necesitar de la unidad y del consenso de todos. Yo no voy a negar ese consenso, pero creo que también el PP, después de todos estos años y de los años previos alguna lección también tiene que sacar, porque al final, fíjese, van de constitucionalistas y hasta incluso la población constitucionalista catalana les da la espalda. ¿Cuántos diputados tiene el PP en Cataluña? De 48, uno y en Euskadi, cero. Es decir, no es que no les apoyen los independentistas o los nacionalistas, es que no les apoyan tampoco aquellos que se quieren quedar en España. Tendrán que revisar su estrategia.