El Consejo de Gobierno del Consorcio Hospitalario Provincial dio anoche su visto bueno a los planes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública que pasan por prescindir de 17 de los 124 contratos en fraude de ley que cumplían el próximo 9 de noviembre. Para ello hizo falta el voto de calidad de la presidenta, la consellera Carmen Montón, ya que la medida contó con el rechazo frontal de la Diputación Provincial, titular del 50% de la entidad, y cuyo presidente, Javier Moliner Gargallo, subrayó que «no toleraremos recortes en un centro de referencia para la provincia que buscan convertirlo en un ambulatorio», señaló.

Visiblemente contrariado, Moliner explicó al terminar la reunión, que se había encontrado con la inamovible postura de la consellera de mantener los recortes, al tiempo que avanzó medidas legales que «pongan freno a unos despidos y la pretensión de liquidar el actual consorcio», explicó el mandatario provincial

Moliner señaló que «hasta aquí hemos llegado», porque teníamos una «línea roja que la Conselleria ha traspasado y es la merma en la calidad de los servicios asistenciales de los castellonenses», algo que, dijo, «no vamos a consentir», de ahí que Diputación votara en contra de todos los puntos que se debatieron en el consejo.

UN INFORME SIN PRESENTAR // La consellera, por su parte, justificó las medidas como necesarias para dar estabilidad a la plantilla, al crear 109 plazas de carácter estructural, tal como -dijo- «señala el informe de recursos humanos encargado a la Universitat Jaume I», cuyos papeles fueron reiteradamente reclamados por sindicatos y por los responsables de la Diputación, quienes no pudieron acceder a sus contenidos.

«Estamos corrigiendo una situación irregular que hemos detectado en el centro y no hay duda de nuestro compromiso con el mismo», señaló Montón momentos antes de la reunión de un consejo que transcurrió en un clima de fuerte tensión.

Moliner tachó de «falacia» el anuncio de Sanidad de incluir el centro en la red asistencial de la Comunitat, «puesto que es algo que ya se viene produciendo desde siempre», además de señalar de forma tajante que «jamás se va a liquidar el Consorcio», al tiempo que recordó los casi 25 millones de euros que aporta la Diputación para hacer efectivas las nóminas de los trabajadores.

El presidente provincial añadió que no solo se planteará recurrir a la vía legal para que se retiren estos recortes en la plantilla, sino que tratará de poner en cuestión la licitud del propio plan funcional del centro presentado hace unas semanas por la Conselleria, puesto que dijo tener «serias dudas de su legalidad, debido a que ha sido gestionado a espaldas del propio consejo», sin tener en cuenta a la Diputación, que en este caso ostenta la mitad de la representación del Consorcio. H