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en la provincia hoy podría haber unos 700 pisos en esta situación

La ‘okupación’ ilegal de viviendas va a más en Castellón con 360 denuncias cada año

La mayoría están en la costa y son propiedad de entidades financieras H Administración y bancos no atinan una solución

 

Buena parte de las viviendas ‘okupadas’ están en la costa y pertenecen a los bancos. - MEDITERRÁNEO

ELENA AGUILAR
15/04/2017

La escena ocurrió hace muy pocos días en las afueras de un municipio del Baix Maestrat. Una pareja estrenaba casa, un chalet adosado en una pequeña urbanización propiedad de una entidad financiera. La había adquirido meses atrás y poco a poco iban haciendo la mudanza. Hasta que un día descubrieron que sus vecinos eran okupas. Llevaban allí meses porque pegaron una patada en la puerta y decidieron fijar su residencia sin más. Por la cara. No es el único ejemplo. En Castellón, hace menos de un mes, la Guardia Civil detenía a un hombre de 42 años por cultivar marihuana en el interior de una vivienda deshabitada que ocupó de manera ilegal. Otro ejemplo más. En esa misma situación se encuentran decenas de viviendas de la provincia . Son lo que la jerga interna de las entidades financieras denomina okupas, con k. Su gestión se ha convertido en un quebradero de cabeza para los bancos y también para la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Banca (Sareb), que es propietaria de una parte de las viviendas vacías de Castellón.

No hay cifras oficiales, pero en España existen informes que maneja el sector financiero-inmobiliario que cuantifica en unas 85.000 el número de viviendas ocupadas ilegalmente. Se trata de casi el 17% del parque de viviendas nuevas vacías, que ronda las 500.000, y de algo más de un 8% del millón de pisos no ocupados en total que se supone existen en el país. En Castellón, se estima que son unas 700, un 6,8% de las casi 10.200 inmuebles construidos justo antes del inicio de la crisis y que siguen sin venderse.

Saber exactamente cuántas viviendas hay en Castellón ocupadas de manera ilegal es prácticamente imposible, pero sí hay cifras de la cantidad de denuncias que llegan a los juzgados por usurpación de bienes inmuebles. La última memoria de la Fiscalía Provincial contabiliza 362, un 13,8% más que un año antes, cuando fueron 318. O lo que es lo mismo: cada día, los juzgados reciben en Castellón una denuncia por ocupación fraudulenta. «Esas cifras son tan solo la punta del iceberg. Hay muchísimos casos más en la provincia que no llegan a los juzgados», describen desde el sector inmobiliario.

Ni qué decir tiene que una parte importante de esos espacios ocupados son propiedad de las entidades financieras o de la Sareb, el llamado banco malo. «Tenemos constancia de inmuebles que están ocupados de manera ilegal, aunque no hay datos concretos», apuntan fuentes de las Sareb, una entidad que aún tiene 4.000 viviendas sin vender en Castellón, la mayoría en la costa.

LA MAYORÍA, EN LA COSTA // Todas las fuentes consultadas aseguran que hay viviendas en esta situación en Castellón, pero también en Burriana, Vinaròs, Benicarló, Sant Jordi o la Vall d’Uixó. En este último municipio, por ejemplo, la Guardia Civil detenía el pasado mes de octubre a dos jóvenes de 21 o 23 años que ocupaban de manera fraudulenta un piso y donde almacenaban abundante material robado, desde teléfonos móviles a relojes.

Donde también hay constancia de la existencia de chalets adosados y pisos con okupas es en Vinaròs. De hecho, el PP de esta localidad del Baix Maestrat lleva meses pidiendo soluciones. «El tripartito municipal está haciendo caso omiso de un problema que afecta muy negativamente al turismo y al resto de vecinos, ya que se han dado casos de enganches ilegales de la luz que han provocado incluso el corte de suministro eléctrico de toda una calle», denuncia Miguel Ángel Vidal, concejal del PP de Vinaròs.

Gestionar todo ese parque de inmuebles se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de las entidades financieras que no han encontrado la fórmula de resolver ese problema más allá de cederlas temporalmente a las administraciones públicas para suplir las deficiencias del parque social y que sean estas quienes se encarguen de solucionar el problema. La Sareb ha firmado convenios con varias comunidades autónomas (Cataluña, Galicia, País Vasco...) En la Comunitat valenciana hubo intento en 2016 pero no fructificó. ¿Por qué? Porque el Consell debía hacerse cargo del 50% del coste de la rehabilitación, lo que suponía más de un millón de euros.