Los pisos públicos no se libran y serán regularizados

La ocupación ilegal de viviendas no solo es exclusivo del parque de inmuebles propiedad de los bancos o de un particular. El problema también se da en la vivienda pública. De hecho, esta misma semana, el Consell ha publicado las bases para regularizar a las 500 familias que residen de forma ilegal en viviendas del parque público de la Generalitat. De esa cifra, cerca de una treintena están en Castellón, según fuentes de la Conselleria de Vivienda.

Pero, ¿quién ocupa de manera fraudulenta una vivienda pública en la Comunitat? Hay varias tipologías. La primera corresponde a familias que residen en unos inmuebles que habían sido alquilados a un familiar o amigo. La segunda, y la más numerosa, son ocupantes sin título de viviendas de promoción pública que han establecido su domicilio habitual en la vivienda ocupada con fecha anterior a 1 julio del 2015.

Mientras el Consell trata de regularizar la situación de estas familias, el departamento que dirige María José Salvador está invirtiendo también en la reforma del parque de viviendas públicas. En Burriana, por ejemplo, ha reformado 18 pisos que a partir de este mismo mes serán entregadas a familias sin recursos. En Vinaròs, el Ayuntamiento y el Con-

sell han suscrito un convenio para facilitar la compra y el alquiler de viviendas propiedad pública que están vacías desde el 2009. La oposición criticó el contenido del acuerdo por entender que tanto los pisos en venta como los de alquiler son demasiado caros, ya que están muy por encima del precio del mercado.