Los alcaldes y alcaldesas de los municipios más afectados por las obras en la Autovía del Mediterráneo se unen para exigir al Ministerio de Fomento medidas que minimicen el «caos» por el cierre de uno de los sentidos de circulación mientras duren las obras y que cese así una situación «lamentable». Con este objetivo, y convocados por la munícipe de la Vall d’Uixó, Tania Baños, siete localidades de la Plana Baixa firmaron ayer un manifiesto en el que exigen a Fomento «lo que creemos que es justo para nuestros vecinos y vecinas: la inmediata liberalización de la AP-7 en el tramo afectado durante la ejecución de las obras», como recoge el citado documento.

Asimismo, los primeros ediles de la Vilavella, Carmen Navarro; Almenara, Estíbaliz Pérez; Xilxes, José Martínez; Moncofa, Wenceslao Alós; Nules, David García; y la Llosa, Joaquín Llopis (estos dos no pudieron asistir por problemas de agenda pero ya habían dado el visto bueno al manifiesto); junto con Baños, suscribieron ayer en el documento solicitar una reunión urgente con el responsable de la dirección general de Carreteras «para llegar a un acuerdo y poner fin a esta lamentable situación».

Y es que, como señaló la alcaldesa de la Vall tras la reunión, que se celebró en el Ayuntamiento de esta localidad, además de suponer un riesgo para los usuarios de la carretera, las obras afectan negativamente «a la actividad económica y, por tanto, al trabajo de miles de personas».

frente común // Estos dos, el económico y el social (la seguridad), son los motivos por los que todos a una han apostado por «hacer un frente común independientemente de los colores políticos o del número de población de cada una de las localidades afectadas, porque se trata de defender los intereses de nuestros vecinos y vecinas y también los de la provincia de Castellón. Estamos hablando de la seguridad de las personas que no tienen alternativa a la sobresaturada N-340», señaló Baños a la conclusión.

Y es que, como se destaca en el manifiesto, las obras «ponen en riesgo la seguridad de los conductores, que se ven obligados a transitar por la N-340 para realizar los enlaces entre los municipios». Y esta carretera está afectada «por una saturación de vehículos particulares y de transporte de mercancías», algo que ha agravado el desvío obligatorio, si no se quiere sufrir retenciones, hacia la carretera general, dada la negativa de Fomento a liberalizar la autopista.

Asimismo, a esto se une «la precariedad del servicio de trenes de Cercanías por las obras de implantación del tercer hilo en el corredor mediterráneo», como recoge el propio manifiesto.

MÁS ADHESIONES // La alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez, recordó ayer que han sido todos los grupos políticos del consistorio los que han aprobado pedir la liberalización y señaló que en algunos ayuntamientos se ha recibido una carta desde Carreteras «negando los problemas y recordando que existe la alternativa de la saturada N-340 o la autopista de pago», algo que criticó.

Por su parte, Alós reconoció que las obras «son necesarias pero también creemos que es igual de necesaria la liberalización de la AP-7 para tratar de minimizar la molestias». A su vez, desde Xil-xes, Martínez apuntó que los alcaldes defienden «el derecho de nuestros vecinos y vecinas a disponer de una red de carreteras en condiciones. Necesitamos una alternativa viable a la N-340». H