Ya no es el boom del 2017 y 2018, cuando la oferta de pisos turísticos creció de forma exponencial, pero esta modalidad alojativa sigue al alza en Castellón incluso en estos momentos de incertidumbre para el sector. Y es que después de un verano del 2019 en el que la provincia incluso perdió plazas respecto al ejercicio anterior, en este se ha vuelto a incrementar de forma considerable el número de alojamientos, con independencia de que, seguramente, muchos se quedarán vacíos como consecuencia de la crisis del covid-19.

Ha sido un incremento de más de 500 viviendas en el plazo de 12 meses. Así, se ha pasado de los 13.578 apartamentos legalmente registrados en Turisme Comunitat Valenciana en julio del 2019 a los 14.121 que hay ahora. Estas cifras significan que Castellón se va acercando a Valencia en cuanto a número de inmuebles disponibles. La provincia vecina cuenta con 15.517, pero durante el último año ha sumado solo 249.

Lejos queda sin embargo Alicante, que tiene registrados 55.356.

Unos ritmos de crecimiento lejos de los de años anteriores. La popularización de este tipo de alojamiento, impulsado por páginas web como Airbnb, hizo que se pasara de los 9.729 apartamentos que había en 2015 a, en el plazo de poco más de dos años, llegar a casi 13.000, un aumento de un 30%.

Estabilización // El año pasado se detectó ya un cierto enfriamiento del fenómeno, propiciado al menos por dos factores. Uno es que la potencial demanda no es tan alta como para justificar un crecimiento tan acusado de la oferta, ya que «no se puede crecer indefinidamente», como recordaron desde la asociación hotelera Altur.

Otro fue la entrada en vigor, en pleno verano del 2018, de la nueva normativa autonómica que regula estos alojamientos, impulsada, entre otros motivos, para controlar y, en su caso, sancionar el fenómeno de los inmuebles no registrados. La ley exige al propietario una compatibilidad urbanística para dar de alta un inmueble, documento que tiene que ser avalado por un ayuntamiento y que no siempre se consigue, puesto que en ocasiones se exigen incluso cambios en el Plan General. Además, el coste de la tramitación puede alcanzar los 1.000 euros.

Bajas // Esto provocó que se ralentizara el ritmo de altas e, incluso, que se produjeran más bajas. Por ejemplo en Peñíscola, que cerró 2019 con menos pisos turísticos que los que tenía en 2018. También ayudaron las campañas de control e imposición de multas a los pisos no registrados.

La tendencia de los pisos turísticos no ha llegado sin embargo al interior, pese a que Castellón presume de destinos y de un volumen estable de turistas.