El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reunido con su Consejo de Ministros, acordó ayer enviar un requerimiento a Carles Puigdemont para que confirme si ha declarado la independencia de Catalunya y, en caso afirmativo, pueda rectificar antes de que se adopten medidas de calado. Rajoy le ha concedido un plazo total de ocho días para asegurarse de que vuelve «a la legalidad». Esa notificación es un paso que el Ejecutivo debe dar de manera obligatoria antes de aplicar el artículo 155 de la Constitución con el que se pueden suspender competencias autonómicas.

La Moncloa ha concedido ocho días de margen en dos fases: primero, Puigdemont tiene hasta el lunes, 16, a las diez de la mañana, para comunicar si él mismo (en su discurso del martes) o alguna otra «autoridad de la Generalitat» (en referencia a la Mesa y a Carme Forcadell, presidenta del Parlamento catalán) ha declarado la independencia de Cataluña. Fuentes de la Moncloa apuntaron que el requerimiento señala claramente que espera un sí o un no. Otra respuesta diferente a un simple no o el silencio administrativo se interpretará como que sí se ha declarado la independencia, lo que activaría la segunda fase. En ese caso, Rajoy le daría tres días más, hasta el jueves, 19, a las diez de la mañana, para que restaure «el orden constitucional y estatutario».

En el texto enviado a Puigdemont, Rajoy advierte de que, si no atiende el requerimiento, el Gobierno propondrá al Senado la adopción de las medidas necesarias para el cumplimiento por parte de Cataluña de «sus obligaciones constitucionales [...] al amparo de lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución». Con esa norma, la Moncloa podría asumir competencias autonómicas, iniciativas que deberían ser aprobadas en el Senado por mayoría absoluta.

Hasta ahora ningún Gobierno ha utilizado los amplios poderes que le concede esa norma de la Carta Magna. Felipe González lo blandió ante el Ejecutivo canario en 1989 por un tema fiscal, pero no fue necesario pasar de ese primer paso, el del requerimiento, que ahora ha enviado Rajoy, porque los isleños rectificaron.

EL BUROFAX / El documento llegó en forma de burofax a la Generalitat en torno a las cuatro de la tarde, a fin de que estuviera en manos de las autoridades del Govern antes de que cerrara el registro. Después de que arribara a la sede del Ejecutivo catalán, Rajoy reveló los detalles en la tribuna del Congreso, donde compareció por la tarde a petición propia en una sesión monográfica sobre Cataluña.

El líder del PP dijo que espera que Puigdemont «acierte fervientemente» en su respuesta. De hecho, en privado, sus principales colaboradores se muestran confiados en la marcha atrás del president porque, aseguran, cuenta con «margen político para rectificar». «Por eso le damos unos días para que se lo piense», añadieron esas fuentes.

Rajoy considera que ha devuelto la pelota al tejado de Puigdemont, porque, según afirmó, el president, con la respuesta que decida dar al Ejecutivo, tiene en sus manos «el futuro» de Cataluña y «la oportunidad» de volver a la «convivencia armónica y la legalidad».

«Nuestra democracia vive estos días uno de los momentos más graves de su historia reciente», lamentó el líder del PP en la Cámara baja, antes de denunciar las consecuencias económicas y sociales de «la escalada de radicalidad, desobediencia y tumultos» que ve en Cataluña.

En su discurso, Rajoy desacreditó el 1-O, celebró el apoyo internacional a sus tesis en defensa de la Constitución y rechazó cualquier tipo de mediación. El presidente agradeció a las personas que «con buena intención» se han ofrecido, pero insistió en que no puede haber mediación entre la ley y la desobediencia.

En la tribuna, Rajoy, por primera vez de manera clara, se mostró abierto a explorar la reforma de la Constitución, un compromiso al que ha llegado con el PSOE.