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Rajoy pide al TC medidas urgentes que paralicen las decisiones del ‘Parlament’

Soraya Sáenz tilda lo vivido ayer como «una patada a la democracia». El Gobierno insta a que se determine si hay responsabilidades penales en el proceso

 

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ayer en Madrid. - efe / ángel díaz

I. MÁRMOL / Á. VÁZQUEZ
07/09/2017

Como estaba previsto, el Gobierno central reaccionó rápido ante las decisiones adoptadas en el Parlament y pidió al Tribunal Constitucional (TC) que actúe con la mayor contundencia y urgencia para salvaguardar el Estado de derecho ante lo que considera un «burdo y grotesco» ataque a la Constitución. Mariano Rajoy ordenó a la Abogacía del Estado que interponga un incidente de ejecución de sentencia para que el TC paralice la decisiones de la Cámara catalana en pos de la independencia. En él pide que se determine si hay responsabilidades penales, para lo que insta a deducir testimonio contra los responsables de la tramitación de la ley que regularía el referéndum unilateral del próximo 1 de octubre.

El escrito insta al TC a no limitarse a una «mera declaración de nulidad» sino que se tomen «todas aquellas medidas que sean necesarias para evitar la continuación de la vía de hecho del Parlamento de Cataluña en el llamado proceso de secesión».

Es el primer paso. El Ejecutivo se prepara para el segundo asalto, hoy jueves. Una vez consumada la votación de la ley del referéndum el Gobierno tiene previsto presentar un recurso de inconstitucionalidad, cuya mera admisión a trámite supondrá su suspensión por cinco meses. A mediodía, el presidente se reunirá en la Moncloa con el líder de la oposición, Pedro Sánchez, para analizar la situación en Cataluña. Rajoy conversó por teléfono con él y con el presidente de Cs, Albert Rivera, ayer por la tarde.

INCIDENTE DE EJECUCIÓN / El incidente de ejecución de sentencia se remite al cumplimiento de las resoluciones del alto tribunal del 2 de diciembre del 2015 y del 15 de julio del 2017 que consideraron ilegales la declaración soberanista y todas las acciones hacia la independencia. Como tramitar la ley del referéndum entraría dentro de ese mismo saco, el Ejecutivo solicita su anulación.

«La impugnación pide que se deduzca testimonio para depurar la responsabilidad penal en la que hayan incurrido la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, los cuatro miembros de la Mesa que votaron a favor y «cualquier otra persona que haya actuado activamente», pero no solicita al alto tribunal que haga uso de sus nuevas armas para acordar su suspensión de funciones directamente. Simultáneamente la fiscalía anunció una nueva querella contra Forcadell y los miembros de la Mesa.

«LA DEMOCRACIA HA MUERTO» / «La presidenta [del Parlamento catalán] sabe muy bien lo que puede someter y lo que no», reprobó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que recordó que Carme Forcadell ya ha sido apercibida con anterioridad. El alto tribunal dedujo testimonio contra ella en dos ocasiones y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la investiga por las querellas subsiguientes que interpuso la Fiscalía por desobediencia y prevaricación.

La vicepresidenta calificó de «abochornante espectáculo» el pleno en el Parlament y lo comparó con «referentes dictatoriales» de «otras latitudes». «No he pasado más vergüenza democrática en toda mi vida política», señaló. En una declaración en el Palacio de la Moncloa, Sáenz de Santamaría recalcó que lo vivido ayer en Cataluña es «una patada a la democracia, a los catalanes y a la decencia política». Con semblante extremadamente serio, la número dos del Ejecutivo central llegó a decir delante de los medios: «La democracia (en Cataluña) ha muerto».

«Han demostrado que no tienen respeto ni a Cataluña ni a los catalanes» --añadió– antes de dejar claro que el Gobierno defenderá la libertad, la democracia y el régimen de convivencia por el que tanto han trabajado los españoles.

HOY JUEVES / Lo más inmediato y previsible, con la aprobación en el Parlament de la ley del referéndum, es una reunión del Consejo de Estado a primera hora de hoy jueves, que emitirá un dictamen. Cuando el Gobierno lo reciba, convocará el Consejo de Ministros para aprobar un recurso de inconstitucionalidad, que presentará de inmediato ante el Constitucional. El pleno del TC ya tenía previsto reunirse este jueves y, aunque en su orden del día no figura un recurso aún no interpuesto, su inclusión está en manos de su presidente, Juan José González Rivas.