Tras 11 años cerrado, el edificio de los antiguos juzgados de la plaza Juez Borrull de Castellón abrió este lunes sus puertas para la firma del protocolo de intenciones entre la Generalitat y el Ayuntamiento que permitirá la rehabilitación y utilización conjunta del inmueble para albergar los servicios sociales de ambas administraciones, entre otras dependencias administrativas. El objetivo es que las obras den comienzo «en el 2018», según el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien aseguró que ya se está trabajando en el proyecto arquitectónico.
La reforma del edificio, como avanzó este periódico, será asumida por el consistorio. Ronda los 12 millones de euros y la alcaldesa, Amparo Marco, avanzó: «Ante una deuda municipal de un 40%, cuando la recibimos con un 80%, tenemos capacidad de maniobra para solicitar un préstamo». Descartando así que se asuma con cargo al superávit del ejercicio 2016, puesto que las inversiones financieramente sostenibles se tienen que licitar antes del 31 de diciembre y no entraría en plazo, dada la envergadura de este ambicioso proyecto.
En el acto también estuvo presente la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas inclusivas, Mónica Oltra, quien aseguró que «hoy comienza una nueva era para los servicios sociales en Castellón»; así como el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, quien destacó la voluntad de colaboración entre las administraciones local y autonómica «para el mejor aprovechamiento del patrimonio público», resaltó.
EL ACUERDO
El protocolo incorpora el compromiso de la Generalitat de aportar el inmueble, valorado en más de 6 millones de euros, y de efectuar la transmisión de la propiedad a favor del consistorio a través de la fórmula jurídica que se defina mediante un convenio. La administración autonómica se encargará además de elaborar el proyecto de rehabilitación del inmueble, a través de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. Asimismo, esta Conselleria también asistirá en la dirección y ejecución de la obra de rehabilitación del edificio.
Por su parte, el Ayuntamiento se hará cargo de la contratación y financiación de los trabajos de rehabilitación, cuya dirección facultativa asumirá, y efectuará la declaración de obra nueva y la división horizontal de la propiedad a favor de la Generalitat en la parte proporcional que le corresponda, una vez finalizado el proyecto y en función de la aportación económica y técnica realizada finalmente por cada parte.
La distribución de la propiedad se hará de forma proporcional a la aportación de cada una de las administraciones en su puesta en marcha, con un mínimo del 65% para el Ayuntamiento y del 25% para la Generalitat.
OTROS EDIFICIOS EN DESUSO EN CASTELLÓN
ASILO. Este inmueble de la Congregación de las Hermanas Desamparadas lo compró el consistorio de Castellón hace una década por 16,7 millones. El proyecto por entonces era la demolición y levantar un nuevo inmueble para los servicios del ayuntamiento. Faltan recursos económicos para ejecutar la actuación.
RESIDENCIA TÁRREGA. Esta antigua residencia de suboficiales se encuentra en un solar de la calle Alcalde Tárrega. El ayuntamiento de Castellón ya pidió al Ministerio de Fomento la cesión en el 2004, pero no se ha conseguido.
COMANDANCIA. Se pedía al Estado que lo cediera para reformarlo y ubicar allí un Museo de la Mar, centro de interpretación y servicios del Puerto de Castellón.
ANTIGUO CUC. Se barajó ubicar el Archivo Histórico Provincial, un proyecto del año 2015 de Consell y Ministerio de Educación que no ha fraguado.
ANTIGUA COMISARÍA. En la ronda Magdalena, el inmueble lleva siete años cerrado y su propietario es la Diputación de Castellón.
CÁMARA AGRARIA LOCAL. Desde que la Generalitat desmanteló las Cámaras Agrarias, estas instalaciones de la avenida Lledó no tienen uso. Llevan cuatro años así.
ADUANA DEL GRAO. El edificio está cerrado desde el 2012. El delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, negocia una inyección de 350.000 euros para reabrirlo en el 2018.
