El que parecía que iba a ser un ministro de corto recorrido, nombrado en junio del 2015 al frente del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (inicialmente para solo cinco meses de mandato), se ha acabado convirtiendo en el hombre que dará la cara cada semana ante la opinión pública para explicar por dónde van los recortes de 5.500 millones que la Comisión Europea ha impuesto al nuevo Gobierno.

Íñigo Méndez de Vigo (Tetuán, 1956) añade al cargo de Educación el de ministro portavoz, un puesto que arrebata a Soraya Sáenz de Santamaría, con la esperanza de mejorar las habilidades comunicativas del Gobierno del PP, hasta ahora muy criticado en ese aspecto (recuérdense, por ejemplo, las comparecencias del propio Rajoy a través de pantallas de plasma).

Este último año y medio, Méndez de Vigo ha dado buenas muestras de la fama que le precedía como hombre de diálogo y de maneras de diplomático. Lo ha hecho como brazo ejecutor, contra viento y marea, de la impopular ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), una de las patatas calientes del anterior Ejecutivo y que ha ido desplegándose, de forma discreta, pese a tener la oposición de todo el arco parlamentario (salvo el PP) y el rechazo de 12 de las 17 comunidades autónomas, que son las que al final han de aplicar la LOMCE en sus respectivos territorios.

Profesor de Derecho Constitucional en varias universidades españolas y experto en derecho comunitario (participó en el intento -frustrado- de redacción de una Constitución europea), Méndez de Vigo es hijo y nieto de militares, casado y padre de una hija, criador de caballos purasangre y ultracatólico. Es también barón de Claret y e hizo carrera profesional y política, antes de aterrizar el año pasado en Educación, ocupando distintos puestos de responsabilidad en Bruselas. Fue, durante un tiempo, el hombre de Rajoy ante la UE, bregado, pues, en disputas dialécticas con comisarios y funcionarios europeos.

De sus dotes como hombre de consenso va a depender también el pacto de Estado de educación que, según el acuerdo alcanzado entre el PP y Ciudadanos, debe estar listo en seis meses. De él dependerá, a su vez, la implantación de las reválidas de ESO y de bachillerato, que hasta nueva orden no van a tener efectos académicos, pero que, como adelantó la semana pasada el mismo De Vigo, este curso van a hacerse según lo previsto. MARÍA JESÚS ÁLVAREZ