Si la provincia de Castellón había perdido ya la mitad de sus oficinas bancarias en la última década al cierre del 2016, con un recuento entonces de solo 373, la sangría continúa este año y, a 31 de marzo, ya había 27 menos, alcanzando un mínimo histórico de 346 sedes físicas de entidades financieras en todo el territorio, según el informe que acaba de publicar el Banco de España (BdE).

Desde el pico máximo del 2008, cuando alcanzó las 679 sucursales, han sido ocho años consecutivos de recortes en un sector financiero que ha venido sufriendo un ajuste sin tregua, de locales y empleados.

Se trata, además, de una tendencia que no tiene visos de detenerse, como consecuencia de, al menos, dos causas cruzadas. Por un lado, la nula rentabilidad que tiene para las entidades mantener los altos costes de las sedes físicas y, por otro, la penetración exponencial de las nuevas tecnologías en el sistema financiero y en el día a día de las familias, con un uso cada vez más elevado de la banca a través de internet, y de los pagos virtuales, que ya se hacen incluso a través del teléfono móvil.

red «insostenible» // De hecho, el secretario general de la Federación de Servicios de CCOO en Castellón, Javier Porcar, ya explicó a Mediterráneo que, «desde hace unos años, el negocio bancario, con tipos al cero por cien, no sostiene la red de oficinas, cajeros y empleados que había antaño. Eso, más las miles de empresas en internet que dan un préstamo en 24 horas». Añadió que se tiende «a menos oficinas, pero más grandes; y a reducir costes de personal desviando el máyor número de gestiones a cajeros o internet».

el problema del interior // El recorte de oficinas bancarias es, además, más acusado en Castellón que en otros puntos de España, y el interior de la provincia y sus municipios más pequeños están en el foco de las consecuencias más graves.

Al menos 64 de las 135 poblaciones castellonenses se han quedado ya sin sucursal bancaria. Es un entorno rural, con la población envejecida y sin capacidad para usar con soltura las nuevas tecnologías y que, en todo caso, no tiene recursos en su pueblo para poder sacar dinero en efectivo de sus cuentas.

Hasta hace relativamente poco tiempo, las cajas rurales habían paliado el problema en numerosos municipios y, en casos que no dejan de menguar. Todavía lo hacen, aunque ya han anunciado que sus balances no podrán soportar el mantenimiento de oficinas no rentables durante mucho más tiempo.

Del lado de las soluciones para esta situación, además del Ofibus que visita periódicamene los municipios sin sucursal, la Generalitat, a través del Instituto Valenciano de Finanzas que dirige Manuel Illueca, ha gestado un plan para la instalación de cajeros en esos pueblos cuya ejecución requiere la colaboración de las diputaciones de la Comunitat. En Castellón, el estudio de la propuesta está en marcha, mientras que en Valencia se aplicará ya este año y en la de Alicante hay, en principio, más dificultades para poder crear este nuevo servicio.