La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, ordenó ayer la constitución de un órgano que supervise las cuentas del Hospital Provincial de Castellón tras elevar a la Fiscalía Anticorrupción sendos informes sobre presuntas irregularidades por valor de más de 25 millones de euros durante el gobierno del PP, entre 2006 y 2015.

Con el objetivo de pedir explicaciones sobre las anomalías contables a los anteriores responsables del Consorcio, la consellera convocó ayer sesión extraordinaria del consejo de gobierno, en el que están representados tanto dirigentes de Generalitat como de la Diputación de Castellón.

Montón señaló que este órgano de control, cuya constitución, espera, se pueda aprobar en la próxima reunión del consejo, servirá para auditar las cuentas pasadas del Consorcio pero también establecer mecanismos que permitan una mayor transparencia de ahora en adelante.

La consellera, que no entró a valorar si esta situación supondrá acelerar una posible incorporación del centro a la red de hospitales públicos bajo gestión de la Generalitat, sí fue muy crítica con la ausencia en la reunión del presidente de la Diputación Provincial, Javier Moliner. Para Montón, “es impresentable que no haya venido a dar explicaciones”, a lo que añadió que “también es impresentable que se enroquen en pedir una documentación cuando todos sabemos que las irregularidades se han dado durante el mandato popular, de Moliner, de Llombart y sus antecesores”.

DOS INFORMES // La titular de Sanidad se refería así a los dos informes entregados a Anticorrupción. El primero de ellos contempla un estudio elaborado por la Intervención General de la Generalitat en 2013, en la que ya se pedía la constitución de un órgano que auditara las cuentas del Consorcio, ante la presunta existencia de anomalías contables durante 2012; y de otro lado, la documentación aportada en 2015 por el anterior gerente del centro, Rafael Arce, quien incide en irregularidades presuntamente cometidas a lo largo de 2014.

Montón manifestó que el nuevo órgano de control de cuentas pondrá fin a “una práctica habitual, sistemática e irregular que puede cuantificarse ya en 25 millones de euros”, sentenció. H