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Santamaría avisa de riesgo de «profunda recesión» en Cataluña

El Gobierno acusa a Puigdemont de «dividir y empobrecer» a los ciudadanos catalanes. Guindos señala que la tasa de crecimiento del 2018 será más baja que el 2,6% anunciado

 

PILAR SANTOS / ROSA M. SÁNCHEZ
14/10/2017

El Gobierno de Mariano Rajoy asume que la tensión política con Cataluña puede afectar al crecimiento de la economía española, en general, y de la catalana, en particular, y culpa al Ejecutivo de Carles Puigdemont del posible impacto que ello puede tener sobre el empleo en la comunidad autónoma. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, avisó de que «la Generalitat está creando todas las condiciones para sumir a Cataluña en una profunda recesión».

Pocas horas después, el ministro de Economía, Luis de Guindos, adelantó que la economía española crecerá en el 2018 «algo por debajo» del 2,6% previsto inicialmente por el Gobierno. Así lo expresó en Washington, donde asistió a la reunión ministerial del G-20 y a la asamblea del Fondo Monetario Internacional (FMI). Guindos subrayó que la tensión independentista «está afectando muy intensamente a la economía catalana».

«El éxodo de empresas que hemos visto es consecuencia de esa incertidumbre y esto no sale gratis desde el punto de vista de la evolución económica», apuntó. El ministro confió en que «si las políticas que han llevado a la salida se revierten, como el Gobierno está convencido de que sucederá, las empresas volverán a Cataluña», informa Ricardo Mir de Francia.

CAÍDA DEL TURISMO / Tras el Consejo de Ministros, Santamaría compareció ante los medios en sustitución del ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, que se ausentó por motivos personales. La número dos de la Moncloa recordó los informes de algunas agencias de calificación que en estos últimos días han apuntado el riesgo de «recesión». «El 2018 debería ser un buen año para el crecimiento y el empleo, pero los acontecimientos en Cataluña nos hacen ser más prudentes», destacó. Y citó un ejemplo: la caída «dramática» de las reservas turísticas durante estos días, que algunas fuentes sitúan en torno al 30%.

La número dos del Gobierno lamentó que la «factura» de la deriva soberanista la paguen «las empresas y los trabajadores» de Cataluña. «[Puigdemont y sus socios] no tienen que dividirnos ni empobrecernos, y la manera que tiene de lograrlo es aceptar la oferta sensata y moderada de la mayoría de los representantes del pueblo español», sostuvo.

En este contexto, Santamaría exigió al jefe del Ejecutivo catalán que responda al requerimiento enviado por la Moncloa, porque «aún está a tiempo» de recuperar la estabilidad. El Gobierno considera que le ha planteado a Puigdemont una pregunta muy «sencilla» en esa notificación (si ha declarado él o alguna autoridad catalana la independencia) para atajar «un problema complejo». Y esperan que responda con un sí o con un no, porque si manda una copia o un texto que se base en su discurso ante el Parlament del pasado martes, en el que fue «claramente ambiguo», se interpretará como un sí y empezará a agotar el tiempo (hasta el jueves) para «volver a la legalidad». Si no rectificara, la Moncloa desplegaría el artículo 155 de la Constitución, con el que se pueden suspender competencias autonómicas.

Asimismo, Santamaría subrayó que la decisión depende exclusivamente del president y no de la «CUP o la Asamblea Nacional Catalana», entidades que están presionando al jefe del Ejecutivo catalán para que conteste afirmativamente al requerimiento y levante la suspensión en la que dejó la eventual declaración unilateral de independencia (DUI).

SIN PLANTEAMIENTO BILATERAL / Sáenz de Santamaría se negó a detallar qué medidas, al albur del artículo 155, pondrá en marcha el Ejecutivo si Puigdemont persiste en la ruptura. No quiso responder preguntas sobre si Rajoy estaría dispuesto a cerrar el Parlamento catalán o si ese precepto de la Carta Magna permitiría que la Moncloa convocara elecciones autonómicas. «No vamos a situarnos en futuribles [...] Vamos paso a paso», soltó Santamaría.

Ante esos interrogantes de la prensa, la vicepresidenta respondió pidiendo una y otra vez a Puigdemont que recapacite y no profundice en la «división» de la sociedad catalana. El Gobierno, le recordó, le ofrece diálogo con los mejores «mediadores», en referencia a los diputados y senadores de las Cortes.

La vicepresidenta invitó al dirigente catalán a participar en la comisión de estudio para modernizar el Estado autonómico del Congreso. Es decir, el Ejecutivo descarta cualquier relación bilateral que no sea «en el marco de los distintos recursos que para ello existen». La frase no es de Santamaría, sino de Rajoy el miércoles en el Congreso. Esa comisión es previa a la reforma constitucional que el líder del PP ha pactado hacer con el PSOE.

Nada «es inmutable», subrayó la número dos del Ejecutivo, si bien los cambios en la Carta Magna deberían perseguir el «bienestar» del conjunto de la población española.