Un grupo de entidades catalanas encabezadas por el Colegio de Abogados de Barcelona han constituido una comisión independiente para impulsar el diálogo y la mediación entre los gobiernos de Cataluña y España para encontrar una salida «pactada» a la actual situación política. De entrada, piden que las dos partes renuncien a algunos de sus postulados. Por una parte, exigen la retirada de los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional desplegados a raíz del 1-O y, por otra, reclaman que se excluya cualquier solución «unilateral» que no tenga amplio consenso democrático, en referencia a la declaración unilateral de independencia.
En esta comisión participan también los sindicatos UGT y CCOO, la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona, la patronal Pimec y la Cámara de Comercio de Barcelona, entre otras. Todas estas entidades de «carácter apolítico» consideran que «impera la necesidad urgente de encuentrar una salida» al conflicto entre la Generalitat y el Estado. El FC Barcelona se adhirió a la propuesta.
La decana del Colegio de Abogados de la capital catalana, Maria Eugènia Gay, aseguró que esta iniciativa está abierta a todas las entidades y organizaciones que claramente apuesten por el diálogo y por una «solución pacífica y consensuada» que permita el «cese del actual clima de tensión y garantice el mantenimiento de un sistema de convivencia y organización política, económica y social basada en la paz, el respeto, la tolerancia y los derechos y libertades de toda la ciudadanía». La decana explicó que se han iniciado contactos con los dos Gobiernos y con los grupos políticos, entre ellos la CUP. Fuentes del Colegio de Abogados aseguraron que dirigentes de la formación anticapitalistas están predispuestos a aceptar la mediación.
El objetivo es ofrecer «puentes de diálogo y entendimiento» que hagan posible conseguir una solución a la situación de Cataluña, que se estructura desde siempre «en una sociedad civil plural, reivindicativa y pacífica», en la que diversas instituciones, entidades y colectivos «han tenido y tienen una presencia vertebradora de su personalidad», insistió Gay.
Los impulsores de esta iniciativa instaron a los Ejecutivos de Cataluña y España, así como a todos los grupos parlamentarios del Parlamento catalán y el Congreso, a que acepten una mediación o conciliación que «restablezca el funcionamiento ordinario de las instituciones de autogobierno» de la comunidad, «descartando todas las partes» cualquier decisión inmediata sobre el «modelo político organizativo».
