Solo seis de los 19 municipios de la provincia de Castellón que por nivel de riesgo deberían tener un Plan de Actuación Municipal (PAM) para establecer unas pautas de intervención en el caso de sufrir inundaciones, tienen los deberes hechos en la actualidad.

Así se puso de manifiesto en la presentación de la campaña anual frente al riesgo de inundaciones que la Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a Emergències realizó ayer en Nules, una de las poblaciones que ya tiene aprobado este protocolo local junto a Benicarló, Benicàssim y Burriana. Tanto Moncofa como les Alqueries, según fuentes de la Conselleria, ya tendrían sus planes aprobados, solo faltaría ratificarlos en sus respectivos plenos.

Según el subdirector de la Agencia, Jorge Suárez, la obligatoriedad de hacer estos documentos «se establece en función del riesgo» y si bien es cierto que solo hay cinco municipios con un riesgo alto de sufrir este tipo de situaciones, de ellos únicamente Benicàssim y Benicarló habrían cumplido con el trámite, mientras que Caudiel, Peñíscola y Castellón seguirían sin tenerlo.

LA MAYORÍA, DE RIESGO BAJO

La Generalitat valenciana considera que en toda la provincia hay un total de 49 localidades susceptibles de sufrir inundaciones. Aunque la mayoría tendrían un riesgo bajo, no son pocos los ayuntamientos que al encontrarse en zonas con un nivel medio de peligro, deberían acometer un plan que facilitara la respuesta coordinada en caso de lluvias torrenciales. Tal sería el caso de Nules, un caso que el director general de la Agència Valenciana de Seguretat i Emergències, José María Ángel, quiso destacar porque «el 80% de las obras prioritarias contempladas en su plan están hechas».

En su intervención, Jorge Suárez aseguró que «debemos hacer frente a la realidad de que nos encontramos ante escenarios permanentes, como consecuencia del cambio climático», por lo que fenómenos como «las inundaciones o los incendios pueden producirse en cualquier época del año». Esta sería la motivación principal para que José María Ángel recomendara a los ayuntamientos «que tienen iniciado el plan, que lo acaben y los que todavía no han empezado, que lo inicien», ya que se plantean una serie de herramientas fundamentales para dar una respuesta más eficiente y coordinada.

A su vez, señaló que se han enviado circulares informativas a los consistorios para indicarles que «la Generalitat ya tiene unos análisis previos hechos y ponemos a su disposición todos los recursos necesarios para que puedan avanzar en este trabajo».

En cualquier caso, Ángel explicó que a pesar de que desde la agencia se establece esa obligatoriedad, no se plantean consecuencias para los gobiernos locales que no cumplan con este requisito, al calificarla como «una cuestión de sensibilidad».

LA DECISIÓN ES MUNICIPAL

En su presentación, el portavoz de la Agencia de Emergencias señaló que en caso de producirse inundaciones o de que exista ese riesgo «la Conselleria da pautas de comportamiento, pero la decisión final es de los ayuntamientos» a la hora, por ejemplo, de cerrar colegios, cortar carreteras o evacuar a los vecinos. A este respecto apuntó a la necesidad de desarrollar «un trabajo pedagógico» dirigido a la ciudadanía para que respeten las recomendaciones y prohibiciones.